Manila.
El borrador definitivo de la reforma constitucional que se tramita en Filipinas, dado a conocer este martes, incluye expresamente una cláusula que prohíbe al presidente Rodrigo Duterte la reelección cuando termine su mandato en 2022.
Esa disposición fue una petición expresa del propio Duterte en las últimas semanas para frenar las especulaciones sobre que la verdadera intención del mandatario era abrir la puerta a su reelección, después de que, según algunos expertos y opositores, un primer borrador sí le permitiese ser reelegido.
La actual Constitución de 1987 establece que el presidente y el vicepresidente del país son elegidos en las urnas para un mandato único de seis años.
La reforma constitucional lo modifica y contempla para ambos un máximo de dos mandatos de cuatro años cada uno.
A principios de mes, el comité consultivo -conformado por 22 magistrados, abogados y congresistas- encargado de redactar la nueva Constitución aprobó por unanimidad un borrador y lo entregó al Gobierno.
Al revelarse el contenido, algunos expertos en derecho constitucional y opositores advirtieron de que permitía a Duterte la reelección a pesar de haber cumplido los seis años como máximo que dicta la actual Carta Magna.
La versión definitiva añade, también a petición del Gobierno, que la elección de un presidente y vicepresidente de transición se producirá en un plazo de seis meses tras la promulgación de la nueva Constitución.
Si el Parlamento aprueba el texto el año que viene, como pretende el Ejecutivo, significará que Duterte, de 73 años, no completará su mandato, que finaliza el 30 de junio de 2022, porque antes traspasará el poder al presidente electo para la transición.
Este presidente electo también dirigirá la Comisión Federal de Transición, según el borrador definitivo que modifica la disposición anterior que transfería el cargo a Duterte.
El presidente de esta comisión 'dirigirá la transición ordenada al sistema federal de gobierno' y 'ejercerá todos los poderes del presidente bajo esta Constitución' hasta que el ganador de las elecciones presidenciales de mayo de 2022 sea investido el 30 de junio de ese año.
'El presidente y vicepresidente de transición no serán elegibles para presentarse para ningún cargo público en las elecciones de mayo de 2022', precisa el borrador definitivo.
Uno de los compromisos electorales de Duterte es implantar un sistema federal en Filipinas porque, según él, llevará más riqueza a las regiones, para lo que necesita una nueva Constitución al tener que modificar todo el capítulo relativo al modelo político.
El régimen federal es también una cuenta pendiente del Gobierno con el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), con el que firmó la paz en 2014.
El pacto contempla el establecimiento en 2016 de una región autónoma musulmana gobernada por el FMLI a cambio de que renuncie a la independencia y la lucha armada, creación que no contempla la actual Constitución.
Una encuesta publicada el lunes mostró que el 67 % de los entrevistados se opuso a la reforma de la Constitución y que el 62 % rechazó convertir Filipinas en un Estado federal.
El borrador definitivo de la reforma constitucional que se tramita en Filipinas, dado a conocer este martes, incluye expresamente una cláusula que prohíbe al presidente Rodrigo Duterte la reelección cuando termine su mandato en 2022.
Esa disposición fue una petición expresa del propio Duterte en las últimas semanas para frenar las especulaciones sobre que la verdadera intención del mandatario era abrir la puerta a su reelección, después de que, según algunos expertos y opositores, un primer borrador sí le permitiese ser reelegido.
La actual Constitución de 1987 establece que el presidente y el vicepresidente del país son elegidos en las urnas para un mandato único de seis años.
La reforma constitucional lo modifica y contempla para ambos un máximo de dos mandatos de cuatro años cada uno.
A principios de mes, el comité consultivo -conformado por 22 magistrados, abogados y congresistas- encargado de redactar la nueva Constitución aprobó por unanimidad un borrador y lo entregó al Gobierno.
Al revelarse el contenido, algunos expertos en derecho constitucional y opositores advirtieron de que permitía a Duterte la reelección a pesar de haber cumplido los seis años como máximo que dicta la actual Carta Magna.
La versión definitiva añade, también a petición del Gobierno, que la elección de un presidente y vicepresidente de transición se producirá en un plazo de seis meses tras la promulgación de la nueva Constitución.
Si el Parlamento aprueba el texto el año que viene, como pretende el Ejecutivo, significará que Duterte, de 73 años, no completará su mandato, que finaliza el 30 de junio de 2022, porque antes traspasará el poder al presidente electo para la transición.
Este presidente electo también dirigirá la Comisión Federal de Transición, según el borrador definitivo que modifica la disposición anterior que transfería el cargo a Duterte.
El presidente de esta comisión 'dirigirá la transición ordenada al sistema federal de gobierno' y 'ejercerá todos los poderes del presidente bajo esta Constitución' hasta que el ganador de las elecciones presidenciales de mayo de 2022 sea investido el 30 de junio de ese año.
'El presidente y vicepresidente de transición no serán elegibles para presentarse para ningún cargo público en las elecciones de mayo de 2022', precisa el borrador definitivo.
Uno de los compromisos electorales de Duterte es implantar un sistema federal en Filipinas porque, según él, llevará más riqueza a las regiones, para lo que necesita una nueva Constitución al tener que modificar todo el capítulo relativo al modelo político.
El régimen federal es también una cuenta pendiente del Gobierno con el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), con el que firmó la paz en 2014.
El pacto contempla el establecimiento en 2016 de una región autónoma musulmana gobernada por el FMLI a cambio de que renuncie a la independencia y la lucha armada, creación que no contempla la actual Constitución.
Una encuesta publicada el lunes mostró que el 67 % de los entrevistados se opuso a la reforma de la Constitución y que el 62 % rechazó convertir Filipinas en un Estado federal.
