La historia que sigue a continuación fue publicada este jueves por la revista The New Yorker
Una hondureña llamada Esmeralda Pérez y Jefferson, su hijo de nueve años apenas habían cruzado la frontera sur de EEUU cuando fueron arrestados cerca de El Paso, Texas, el pasado 26 de mayo.
“Los agentes llegaron hasta nosotros y mi hijo me dice ‘mamá, tengo miedo’”, relata Pérez. “Yo le digo ‘no te preocupes, esta gente no nos va a lastimar’”.
Pérez les muestra su tarjeta de identidad y la partida de nacimiento de su hijo y les dice que están escapando de la persecución. Fueron llevados a una estación de la Patrulla Fronteriza, donde pasaron la noche.
Al día siguiente, alrededor del mediodía, un agente entra en su celda. “Venga conmigo y tráigame a su hijo”, le dijo el agente a Pérez, añadiendo que se iba a llevar a su hijo porque ella tenía que pagar una pena e ir a la cárcel, según cuenta Pérez. Lo que el agente no le dijo es adónde iban a llevar a su hijo, con quien no ha hablado ni ha visto desde entonces.
En el último mes y medio, la administración Trump ha separado al menos 2,500 niños de sus padres en la frontera con México bajo la ley de Tolerancia Cero y aunque el presidente firmó una orden ejecutiva para detener las separaciones, el documento no hace mención de lo que pasará con las familias que ya han sido separadas.
Las han dejado en un limbo. Algunos padres ya han sido deportados en tanto que sus hijos permanecen en Estados Unidos. Otros están recluidos en centros de detención y aunque sepan dónde están sus hijos, no pueden reunirse con ellos.
El caso de Pérez está en una categoría aparte. Todavía se encuentra en custodia criminal, no ha tenido oportunidad de presentar su solicitud de asilo y ni siquiera está segura de dónde está su hijo.
La hondureña se encuentra en una prisión privada ubicada en Chaparral, Nuevo México, acusada de intentar reentrar ilegalmente a los Estados Unidos, porque ya lo había intentado antes, en 2016.
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Al hablar con el periodista que la entrevista, Pérez llora al describir las preguntas sin respuesta sobre su hijo. Jefferson padece de asma, que desarrolló debido a una infección respiratoria cuanto tenía cuatro años. Su madre se pregunta si tendrá complicaciones provocadas por el cambio de clima. El niño padece también una infección cutánea congénita.
“Si no se lava bien, se infecta y se va a poner muy enfermo”, dice Pérez. “¿Quién le va a decir cómo lavarse?”, se pregunta.
Hace poco, a través de un pariente que vive en Estados Unidos, oyó que su hijo podría estar en Michigan, en un refugio administrado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que se encarga de manejar los casos de menores inmigrantes que viajan solos.
El abogado de Pérez es un defensor público de El Paso, llamado Erik Hanshew, quien además de representarla en el caso criminal, trata también de conseguirle información sobre su hijo. “La política de separación de familias está cambiando la relación cliente-abogado”, dice Hanshew, que añade que a sus clientes ni siquiera les interesa ganar el caso en su contra. “Es más difícil representarlos, porque lo único que quieren es estar con sus hijos. En una situación como esta no puede haber realmente el debido proceso para un padre”, dice el abogado.
La única manera que tienen estos padres de localizar a sus hijos es a través de la ORR, pero contactarlos es casi imposible cuanto se está recluido.
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Los agentes que se llevan a los niños no les dicen a sus padres cómo localizar a sus hijos. El personal de las cárceles a las que llevan a las madres como Pérez, tampoco lo saben.
Algunas madres han tenido la oportunidad de comunicarse con parientes que viven en Estados Unidos y a través de ellos, han podido averiguar dónde están sus hijos y enterarse que se encuentran bien, pero todavía no los han visto ni han hablado con ellos.
Al menos han tenido suerte. Para la mayoría de estas madres, cada día que pasa sin saber de sus hijos les causa más angustia y dolor que la más cruel de las torturas.
