Washington, Estados Unidos.
Una madre hondureña es víctima de una de las políticas más crueles y criticadas de la administración de Donald Trump, la separación de los padres indocumentados de sus hijos en la frontera de Estados Unidos.
Identificada por medios estadounidenses como Mirian, la mujer hondureña de 29 años denunció que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la separaron de su bebé de 18 meses cuando cruzó ilegalmente la frontera de EEUU en abril pasado.
Mirian permanece detenida en el centro T. Don Hutto en Taylor, Texas, mientras que su hijo fue trasladado a una instalación en San Antonio, según informó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Según su relato, Mirian salió huyendo de la violencia en Honduras y al llegar a la frontera de Estados Unidos solicitó asilo a las autoridades. Le entregó a los oficiales su tarjeta de identificación y el certificado de nacimiento de su hijo. Los agentes tomaron al bebé y lo pusieron en un vehículo sin darle oportunidad de despedirse del menor.
'Ella repetidamente preguntó por qué no podían permanecer juntos, pero no le dieron un motivo. Luego, los agentes la obligaron a llevar a su hijo de 18 meses afuera, donde un automóvil del gobierno estaba esperando para llevárselo', indica la ACLU.
El caso de la madre hondureña forma parte de una demanda interpuesta por la poderosa ACLU en nombre de muchos padres migrantes; la acción legal busca prohibir que las familias sean separadas en la frontera.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) más de 650 niños migrantes han sido separados de sus padres en la frontera estadounidense entre el 6 y el 19 de mayo.
Estos son los primeros datos que se hacen públicos después de que el Departamento de Justicia anunciara el 6 de mayo que presentará cargos penales contra todos los extranjeros atrapados cruzando la frontera ilegalmente, un esfuerzo que pretende frenar la inmigración clandestina.
La medida envía a los padres a custodia penal y a los niños a refugios financiados con fondos federales supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
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Las regulaciones, elaboradas por los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, proporcionan nuevas reglas sobre cómo deberían tratarse los niños detenidos, reemplazando efectivamente un decreto de consentimiento de 1997 que, junto con dos leyes federales más recientes, guía esas decisiones.
La presidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Michelle Lujan Grisham, calificó de 'atrocidad' que Estados Unidos decida separar a los niños que llegan a la frontera de sus familias, y consideró que se trata no solo de una política 'cruel' sino también la 'más ineficaz'.
La congresista insistió además en que todas las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump, como la cancelación del Programa de Acción Diferida (DACA) que protegía a los jóvenes indocumentados conocidos como 'soñadores', o el Estatus de Protección Temporal (TPS), que Trump ha cancelado para numerosos países, son decisiones 'diseñadas para castigar' a los inmigrantes.
