Caracas, Venezuela.
Venezuela, otrora potencia petrolera, ahora está inmersa en una crisis económica sin precedentes en el continente americano.
La administración de Nicolás Maduro, que tomó el poder tras la muerte de Hugo Chávez (2013), ha sumergido al país en la pobreza con la aplicación de medidas erróneas que han acabado con el sistema productivo.
En este momento, cuando van a las urnas, los venezolanos padecen una severa escasez de bienes básicos y una hiperinflación (que según el FMI alcanzará 13,800% en 2018) que dificulta comprar los pocos productos disponibles en el mercado.
La semana recién pasada, el Gobierno asestó el último golpe al sector privado al obligar el cierre de una fábrica de la compañía Kelloggs.
“Hoy en Maracay (norte), la empresa Kelloggs, en manos de unos inversionistas mexicanos, amaneció con las puertas cerradas y les depositó en las cuentas las prestaciones sociales a los trabajadores, lo cual es completamente inconstitucional e ilegal”, dijo Maduro en un acto político a mediados de semana en Valencia.
Kelloggs se suma a la larga lista que Fedecámaras, la principal patronal de Venezuela, cifra en más de mil empresas que han cerrado o abandonado el país en los últimos 20 años de gobierno chavista producto de la crisis y los controles del Estado sobre la empresa privada.
A inicios de mayo, el Gobierno decretó la intervención durante 90 días de Banesco y la captura de 11 directivos ante la presunta comisión de delitos financieros.
El Gobierno aseguró que esta medida se enmarca en el operativo contra “mafias económicas” llamado Manos de papel, con el que espera “reconducir la administración del banco, saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita que favorezca la comisión de delitos financieros”.
De acuerdo con las autoridades venezolanas, el banco hizo un “uso indebido” del dinero “para la distorsión del mercado cambiario”, que opera en el país en paralelo al estatal.
El presidente de Banesco Internacional, Juan Carlos Escotet, aseguró que luchará “hasta el final” por su banco en Venezuela y calificó la medida de “política” y “no hay razones financieras que justifiquen la intervención administrativa ni por un día.
En abril, en medio de un conflicto con Panamá, Maduró decidió suspender las operaciones de Copa. Esta acción le causó más de $15 millones de pérdidas. En mayo reanudó los vuelos.
Venezuela, otrora potencia petrolera, ahora está inmersa en una crisis económica sin precedentes en el continente americano.
La administración de Nicolás Maduro, que tomó el poder tras la muerte de Hugo Chávez (2013), ha sumergido al país en la pobreza con la aplicación de medidas erróneas que han acabado con el sistema productivo.
En este momento, cuando van a las urnas, los venezolanos padecen una severa escasez de bienes básicos y una hiperinflación (que según el FMI alcanzará 13,800% en 2018) que dificulta comprar los pocos productos disponibles en el mercado.
La semana recién pasada, el Gobierno asestó el último golpe al sector privado al obligar el cierre de una fábrica de la compañía Kelloggs.
“Hoy en Maracay (norte), la empresa Kelloggs, en manos de unos inversionistas mexicanos, amaneció con las puertas cerradas y les depositó en las cuentas las prestaciones sociales a los trabajadores, lo cual es completamente inconstitucional e ilegal”, dijo Maduro en un acto político a mediados de semana en Valencia.
Kelloggs se suma a la larga lista que Fedecámaras, la principal patronal de Venezuela, cifra en más de mil empresas que han cerrado o abandonado el país en los últimos 20 años de gobierno chavista producto de la crisis y los controles del Estado sobre la empresa privada.
A inicios de mayo, el Gobierno decretó la intervención durante 90 días de Banesco y la captura de 11 directivos ante la presunta comisión de delitos financieros.
El Gobierno aseguró que esta medida se enmarca en el operativo contra “mafias económicas” llamado Manos de papel, con el que espera “reconducir la administración del banco, saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita que favorezca la comisión de delitos financieros”.
De acuerdo con las autoridades venezolanas, el banco hizo un “uso indebido” del dinero “para la distorsión del mercado cambiario”, que opera en el país en paralelo al estatal.
El presidente de Banesco Internacional, Juan Carlos Escotet, aseguró que luchará “hasta el final” por su banco en Venezuela y calificó la medida de “política” y “no hay razones financieras que justifiquen la intervención administrativa ni por un día.
En abril, en medio de un conflicto con Panamá, Maduró decidió suspender las operaciones de Copa. Esta acción le causó más de $15 millones de pérdidas. En mayo reanudó los vuelos.
