San José, Costa Rica.
Costa Rica otorgó la condición de refugiado al estudiante hondureño Eduardo Urbina, quien era buscado en su país por supuestamente participar en hechos violentos durante la crisis política y social surgida tras las elecciones de noviembre pasado en Honduras.
La organización defensora de derechos humanos Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) informó hoy de que Costa Rica otorgó el refugio a Urbina el pasado lunes y lo dejó en libertad tras permanecer un mes detenido por la Dirección de Migración a la espera de que se resolviera su solicitud.
Según Cejil, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de la Dirección General de Migración 'reconoció el estatus de refugiado en atención al riesgo que corre Eduardo por su rol como activista político, dirigente estudiantil, y defensor de los derechos humanos en Honduras'.
La organización afirmó en un comunicado que Urbina era perseguido por las autoridades de Honduras que le atribuyeron hechos violentos ocurridos cuando él ya se encontraba en Costa Rica, país al que se trasladó tras recibir amenazas y actos de intimidación.
'Este hecho refleja la hostilidad con la que el gobierno de Honduras criminaliza a personas que han decidido sacar la voz por un país en el que no existen las mínimas garantías de protección a los derechos humanos. Celebramos que el Gobierno de Costa Rica haya reconocido su condición de refugiado', dijo en el comunicado de Cejil la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, Berta Oliva.
Por su parte, la directora de Cejil para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz, destacó que 'el riesgo que ha sido valorado en el caso de Eduardo se enmarca en un contexto de violencia y violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos en Honduras'.
'Es indispensable que se ponga un alto a la represión y la criminalización y que el Estado garantice el derecho a defender derechos humanos', expresó.
Urbina, un estudiante de 22 años de la Universidad Nacional de Honduras, ingresó a Costa Rica el 11 de diciembre del 2017, huyendo al considerarse perseguido por parte del Gobierno.
Las autoridades hondureñas le acusaron de participar en el incendio de un microbús el 15 de diciembre de 2017, fecha en la que ya estaba en Costa Rica.
El joven ingresó a Costa Rica legalmente, se mantuvo en el país durante los 90 días que permite la ley, y salió a Nicaragua, donde fue detenido debido a una alerta de detención emitida por el Gobierno de Honduras a través de la Interpol.
A raíz de esto fue devuelto a Costa Rica, donde solicitó el estatus de refugiado.
Honduras impulsa actualmente un diálogo para solventar la crisis que vive el país derivada de un supuesto fraude en los comicios de 2017 y que generó una serie de protestas.
Salvador Nasralla, quien fue candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura en las elecciones del 26 de noviembre de 2017, en las que Juan Orlando Hernández fue reelegido, no reconoce los resultados de los comicios, aduciendo que le hicieron fraude para favorecer al gobernante.
La crisis postelectoral iniciada el 29 de noviembre con manifestaciones en las calles, promovidas por Nasralla, algunas de ellas violentas y con vandalismo, dejaron una veintena de muertos, según un informe de las Naciones Unidas, y cuantiosas pérdidas por daños materiales a la propiedad pública y privada.
Costa Rica otorgó la condición de refugiado al estudiante hondureño Eduardo Urbina, quien era buscado en su país por supuestamente participar en hechos violentos durante la crisis política y social surgida tras las elecciones de noviembre pasado en Honduras.
La organización defensora de derechos humanos Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) informó hoy de que Costa Rica otorgó el refugio a Urbina el pasado lunes y lo dejó en libertad tras permanecer un mes detenido por la Dirección de Migración a la espera de que se resolviera su solicitud.
Según Cejil, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de la Dirección General de Migración 'reconoció el estatus de refugiado en atención al riesgo que corre Eduardo por su rol como activista político, dirigente estudiantil, y defensor de los derechos humanos en Honduras'.
La organización afirmó en un comunicado que Urbina era perseguido por las autoridades de Honduras que le atribuyeron hechos violentos ocurridos cuando él ya se encontraba en Costa Rica, país al que se trasladó tras recibir amenazas y actos de intimidación.
'Este hecho refleja la hostilidad con la que el gobierno de Honduras criminaliza a personas que han decidido sacar la voz por un país en el que no existen las mínimas garantías de protección a los derechos humanos. Celebramos que el Gobierno de Costa Rica haya reconocido su condición de refugiado', dijo en el comunicado de Cejil la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, Berta Oliva.
Por su parte, la directora de Cejil para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz, destacó que 'el riesgo que ha sido valorado en el caso de Eduardo se enmarca en un contexto de violencia y violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos en Honduras'.
'Es indispensable que se ponga un alto a la represión y la criminalización y que el Estado garantice el derecho a defender derechos humanos', expresó.
Urbina, un estudiante de 22 años de la Universidad Nacional de Honduras, ingresó a Costa Rica el 11 de diciembre del 2017, huyendo al considerarse perseguido por parte del Gobierno.
Las autoridades hondureñas le acusaron de participar en el incendio de un microbús el 15 de diciembre de 2017, fecha en la que ya estaba en Costa Rica.
El joven ingresó a Costa Rica legalmente, se mantuvo en el país durante los 90 días que permite la ley, y salió a Nicaragua, donde fue detenido debido a una alerta de detención emitida por el Gobierno de Honduras a través de la Interpol.
A raíz de esto fue devuelto a Costa Rica, donde solicitó el estatus de refugiado.
Honduras impulsa actualmente un diálogo para solventar la crisis que vive el país derivada de un supuesto fraude en los comicios de 2017 y que generó una serie de protestas.
Salvador Nasralla, quien fue candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura en las elecciones del 26 de noviembre de 2017, en las que Juan Orlando Hernández fue reelegido, no reconoce los resultados de los comicios, aduciendo que le hicieron fraude para favorecer al gobernante.
La crisis postelectoral iniciada el 29 de noviembre con manifestaciones en las calles, promovidas por Nasralla, algunas de ellas violentas y con vandalismo, dejaron una veintena de muertos, según un informe de las Naciones Unidas, y cuantiosas pérdidas por daños materiales a la propiedad pública y privada.
