Estados Unidos
“Definitivamente es una gran decisión para mucha gente que cae en ese segmento de beneficiarios del TPS que no han arreglado su residencia anteriormente”, dijo Marta Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen).
En el caso de los hondureños, el actual período de extensión del TPS expira hasta el 9 de marzo de 2018.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos tomó esta semana una decisión que beneficiará a miles de personas acogidas en el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus sigla en inglés).
Esa instancia judicial determinó que recibir el beneficio del TPS implica la aceptación legal en los Estados Unidos de los beneficiarios y por lo tanto en efecto quita un obstáculo importante en el camino a la residencia permanente de estas personas, entre las que se cuentan miles de compatriotas hondureños.
| 204,000
Personas
Se encuentran acogidas actualmente al programa del TPS.
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La decisión favorece directamente a los beneficiarios del TPS que residan en Arizona, California y Hawai, estados bajo la jurisdicción de la corte que la emitió, sin embargo, el Carecen advierte que “cada caso es particular”, por lo que los beneficiarios deben buscar orientación legal para asegurarse de que califican y son elegibles para obtener la “tarjeta verde” (green card).
La decisión se produce solo dos semanas después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores anunciara la apertura de una oficina de asesoramiento legal en la sede de la Embajada de Honduras en los Estados Unidos y cuyo fin es “ayudar a identificar de manera individual aquellos casos de compatriotas que teniendo TPS reúnen las condiciones para optar a otro tipo de beneficio, indicó María Dolores Agüero, Canciller de la República.
Esta oficina brindará también asesoría legal presencial en otras clases de consulta vinculadas al tema migratorio.
Se calcula que el TPS cubre en este momento a un aproximado de 60,000 hondureños, pero los expertos en migración recomiendan que de ser posible los beneficiarios busquen la residencia permanente por otros medios, siempre con la asesoría de una abogado especializado en inmigración.
