San Salvador, El Salvador.
'La anulación de la Ley de Amnistía nos permite acudir a los Tribunales en base al Código Penal de 1973 y pedirle directamente al juez que reabra el proceso', aseguró Maurico, cuya ONG encabeza la petición.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional la amnistía de 1993 porque era 'contraria' al derecho de 'acceso a la justicia' y 'reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra'.
El abogado señaló que otro motivo para acudir directamente al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador fue la negativa de la Fiscalía de retomar el caso, pese a que presentaron sendas peticiones en 2015 y 2016.
Añadió que con esta acción se busca reivindicar 'el derecho de acceso a la Justicia, que en el caso de monseñor Romero se ha violentado' y que 'a través de la Justicia se conozca la verdad'.
La Justicia salvadoreña solo emitió orden de captura contra Álvaro Saravia en 1987, pero este huyó hacia Estados Unidos, y en diciembre de 1988 la Corte Suprema admitió un hábeas corpus en el que desestimó la potestad de la Fiscalía para pedir su extradición.
El 31 de marzo de 1993 un tribunal invocó la Ley de Amnistía General para sobreseer el proceso contra Saravia, cuyo paradero es desconocido y quien fue condenado por una corte federal estadounidense a pagar 10 millones de dólares a la familia de Romero en 2004.
La anulación de la amnistía ha permitido a la Justicia retomar casos como el de la masacre de El Mozote de 1981, en la que unos 1.000 campesinos fueron asesinados por el Ejército y por la que un tribunal ha citado a 18 militares.
Romero, beatificado el 23 de mayo de 2015 en una multitudinaria misa en San Salvador, denunciaba en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil y otras violaciones a los derechos humanos.
La Iglesia católica salvadoreña concluyó a finales de febrero la investigación sobre una 'presunta curación' atribuida a Romero y envió la documentación al Vaticano para que esta pueda ser ratificada y proceder a su canonización.
El martes, el papa Francisco se reunió con los obispos salvadoreños y les explicó que el proceso de canonización debe seguir su ritmo, sin aceleraciones.
Un grupo de organizaciones no gubernamentales pidió hoy a un tribunal salvadoreño reabrir las investigaciones sobre el homicidio del arzobispo Óscar Arnulfo Romero para confirmar las identidades de los asesinos, a 37 años del crimen, y reivindicar 'el derecho de acceso a la Justicia'.
Alejandro Díaz, abogado de la organización Tutela Legal 'María Julia Hernández', dijo a la prensa que 'es necesario verificar judicialmente' la versión de las Naciones Unidas de que Roberto D'Aubuisson, fundador del principal partido de la actual oposición política, fue el autor intelectual del asesinato del beato.
Detalló que 'es de todos conocido' que el crimen fue realizado por un escuadrón de la muerte mandado por D'Aubuisson, un exmayor del Ejército, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y diputado constituyente.
El Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, además de acusar a D'Aubuisson, dice que en la planificación y ejecución del asesinato participaron los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
El coordinador de la organización de derechos humanos, Ovidio Mauricio, aseguró a la prensa que su petición se respalda en la anulación, en julio de 2016, de la Ley de Amnistía General que bloqueaba los procesos de los crímenes de guerra ocurridos en la guerra civil (1980-1992).
 El Papa Juan Pablo II saluda a Monseñor Romero en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
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'La anulación de la Ley de Amnistía nos permite acudir a los Tribunales en base al Código Penal de 1973 y pedirle directamente al juez que reabra el proceso', aseguró Maurico, cuya ONG encabeza la petición.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional la amnistía de 1993 porque era 'contraria' al derecho de 'acceso a la justicia' y 'reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra'.
El abogado señaló que otro motivo para acudir directamente al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador fue la negativa de la Fiscalía de retomar el caso, pese a que presentaron sendas peticiones en 2015 y 2016.
Añadió que con esta acción se busca reivindicar 'el derecho de acceso a la Justicia, que en el caso de monseñor Romero se ha violentado' y que 'a través de la Justicia se conozca la verdad'.
La Justicia salvadoreña solo emitió orden de captura contra Álvaro Saravia en 1987, pero este huyó hacia Estados Unidos, y en diciembre de 1988 la Corte Suprema admitió un hábeas corpus en el que desestimó la potestad de la Fiscalía para pedir su extradición.
 Tumba de Monseñor Romero en la cripta de la catedral de San Salvador.
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El 31 de marzo de 1993 un tribunal invocó la Ley de Amnistía General para sobreseer el proceso contra Saravia, cuyo paradero es desconocido y quien fue condenado por una corte federal estadounidense a pagar 10 millones de dólares a la familia de Romero en 2004.
La anulación de la amnistía ha permitido a la Justicia retomar casos como el de la masacre de El Mozote de 1981, en la que unos 1.000 campesinos fueron asesinados por el Ejército y por la que un tribunal ha citado a 18 militares.
Romero, beatificado el 23 de mayo de 2015 en una multitudinaria misa en San Salvador, denunciaba en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil y otras violaciones a los derechos humanos.
La Iglesia católica salvadoreña concluyó a finales de febrero la investigación sobre una 'presunta curación' atribuida a Romero y envió la documentación al Vaticano para que esta pueda ser ratificada y proceder a su canonización.
El martes, el papa Francisco se reunió con los obispos salvadoreños y les explicó que el proceso de canonización debe seguir su ritmo, sin aceleraciones.
