Tamaulipas, México.
El instituto mexicano de acceso a la información informó el viernes que ordenó a la fiscalía hacer públicas investigaciones sobre la matanza en 2010 de 72 migrantes en San Fernando (noreste), considerada la más grave ocurrida en el país durante la llamada guerra del narcotráfico.
La resolución Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se adoptó en respuesta a un pedido de integrantes de la sociedad civil que requirieron datos a la fiscalía, luego de que la procuraduría se negó a dar la información amparándose en la norma que le permite reservarse en casos sujetos a un proceso judicial antes de que haya sentencia.
'La Procuraduría General de la República (PGR) deberá hacer públicos los documentos sobre la detención de 16 policías municipales de San Fernando', relacionados con la muerte de 72 migrantes, dijo el IFAI en un comunicado.
En cuatro años, la información sobre La matanza de San Fernando, perpetrada por el cártel Los Zetas entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en un rancho de Tamaulipas (a 160 km de la frontera con Estados Unidos), ha fluido a cuenta gotas.
Sin embargo, hasta la fecha no se hizo pública sentencia alguna contra responsables ni se sabe los restos de cuantas de las 72 víctimas permanecen aún en los refrigeradores de la morgue o en fosas comunes por no haber sido identificados y entregados a sus familiares.
El ente mexicano concluyó que la fiscalía debe entregar los documentos por tratarse de 'violaciones graves de derechos humanos' y porque 'la reserva de información se ve superada por el interés de la sociedad de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables'.
La opacidad con la que se ha manejado el tema incluye a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en diciembre pasado entregó, un día antes de Navidad, una recomendación que pasó de noche para la opinión pública, dirigida al gobernador de Tamaulipas y al procurador Jesús Murillo Karam.
La recomendación de la CNDH señala la falta de protocolos adecuados por parte de autoridades en el manejo de los cuerpos el día del hallazgo y en días posteriores, cuando incluso enviaron cadáveres equivocados a El Salvador y Honduras.
Sin embargo, 'viola los derechos de las familias' y el 'derecho a la verdad' porque no se pronuncia sobre los hechos de la masacre ni dice sí el Estado mexicano tiene responsabilidad, dijo por su parte a la AFP Ana Lorena Delgadillo, activista de Fundación por la Justicia y Estado Democrático del Derecho.
