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Seguridad en la frontera, una barrera para la reforma migratoria

  • 01 marzo 2013 /

Las capturas de inmigrantes indocumentados en la frontera han bajado un 50% desde 2008.

Una de las principales condiciones para lograr una reforma migratoria integral en el Congreso estadounidense es la garantía de que la frontera sur sea segura, algo que está lejos de ser verificable, advierten informes y expertos del sector.

Las capturas de inmigrantes indocumentados en la frontera han bajado un 50% desde 2008, hasta situarse en torno a 365.000 personas el año pasado, un ejemplo de que las medidas en la frontera funcionan, alega el gobierno de Barack Obama.

Al mismo tiempo, las deportaciones de indocumentados, particularmente de personas con antecedentes, la gran prioridad gubernamental, oscilan en torno a 400.000 personas al año.

Pero la Contraloría del Congreso echó un balde de agua fría esta semana al optimismo gubernamental con un informe entregado a la Cámara de Representantes.

Las cifras de capturas de indocumentados 'proporciona cierta información útil, pero no permite al Departamento informar sobre la efectividad de sus esfuerzos para asegurar la frontera', explicó el informe, entregado durante una audiencia el martes.

'La Patrulla Fronteriza está desarrollando objetivos y medidas, pero aún tiene que fijar plazos y etapas para completar sus esfuerzos', indicó el texto.

'No existe un indicador único, cuantitativo y estándar que proporcione un marcador para la seguridad fronteriza' declaró durante esa misma audiencia Marc Rosenblum, un especialista de política migratoria del Servicio de Investigaciones del Congreso.

Otro informe confirmó por otro lado que las ciudades del sur del país, y en particular la fronteriza El Paso (Texas), justo al otro lado de la violenta urbe mexicana de Ciudad Juárez, son las más seguras del país, con bajas constantes en los índices de criminalidad de todo tipo, a partir de cifras del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Hasta ahora los republicanos, que dominan la Cámara de Representantes, han sido taxativos: no habrá reforma migratoria integral sin que se demuestre que esa frontera está segura.

Las autoridades calculan que en Estados Unidos viven unos 11,5 millones deindocumentados, la inmensa mayoría mexicanos y centroamericanos, aunque el flujo desde México se ha reducido prácticamente a cero.

Una frontera segura al 100% es imposible ha reiterado en numerosas ocasiones la secretaria de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, que además se enfrenta a partir del viernes a recortes presupuestarios automáticos que la obligarán a retirar unos 5.000 agentes de la Patrulla Fronteriza.

La frontera entre Estados Unidos y México es la más transitada en el mundo, con 350 millones de pasajeros al año.

La fiabilidad de las cifras en la región es históricamente problemática porque sólo tienen en cuenta las capturas y los reincidentes, no los que consiguen cruzar sin ser detectados, ni tampoco la incidencia de factores como los túneles.

Hace tres años el DHS anunció que iba a utilizar un nuevo parámetro, denominado control operacional de la frontera, con cinco grados de efectividad.

Cuando el propio Departamento reconoció que sólo controlaba en los grados uno y dos el 57% de los poco más de 3.000 km de frontera con México, los republicanos pusieron el grito en el cielo.

El Departamento desechó ese método al año siguiente, y por ahora utiliza de forma provisional esas cifras de capturas de indocumentados.

El informe de la Contraloría del Congreso señala que el DHS se ha comprometido a presentar objetivos y plazos en noviembre de este año, una fecha lejana respecto a la ambición de la Casa Blanca de aprobar la reforma en pocos meses.

Una idea a debate en el Congreso es la creación de una comisión independiente que decida cuándo estará segura la frontera.

Los partidarios de la reforma migratoria aducen que el debate en realidad puede eternizarse.

'Nunca vas a poder sellar esa frontera', explicó la secretaria Janet Napolitano en un acto público esta semana.

Pero otro factor esencial en el debate es el hecho que en torno al 40% de los más de 11 millones de indocumentados presentes en Estados Unidos entraron probablemente de forma legal, con una visa que expiró, según calcula el propio DHS.