De no haber sido deportado la semana pasada, el hondureño Roger Tabora Martínez podría haber calificado para el estatus legal contenido en el proyecto de ley de reforma migratoria que considera actualmente el Congreso de Estados Unidos, sin que su familia tuviera que pasar por el trauma de la separación que ahora enfrentan.
“No le deseo esta situación a nadie. Mi hijo de 15 años está muy afectado. Está en una edad en la que necesita la guía de un padre y Roger lo ha criado desde hace casi una década”, dijo Yvette Martínez, esposa del hondureño deportado la pasada semana luego de una parada de tráfico cerca de su hogar en Sprinfield, Massachussetts.
El ejemplo de Roger Tabora Martínez es uno de los muchos que están ocurriendo en el país, adonde cada día se deporta a 1,100 personas.
El lunes, grupos nacionales de derechos civiles levantaron la voz para exigirle a la Casa Blanca que cumpla sus propias prioridades establecidas y cese de deportar a personas indocumentadas sin un récord criminal, como Martínez y muchos otros que podrían legalizarse si se aprueba la ley este mismo año, según el diario La Opinión.
“No tiene sentido seguir deportando personas que serían elegibles para el estatus legal que ofrece el proyecto pendiente en el Senado”, dijo Tom Sáenz, presidente y abogado principal del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal.
“Hacemos un llamado a que se detengan las deportaciones de estas personas y no se inicien nuevos procesos”.
Los grupos pro derechos civiles han venido pidiéndole al presidente Obama una moratoria de deportaciones hasta que se resuelva el proyecto de ley y se lo plantearon hace unos días en una reunión que tuvo con ellos en Washington.
El Presidente indicó que esto no sería políticamente posible en momentos en que se discute el proyecto de ley. Pero según los activistas, ellos no están pidiendo nada que no sea contemplado ya en las políticas del Presidente.
