Naciones Unidas advirtió el lunes que España debe mejorar sus políticas para acabar con algunas prácticas racistas y de discriminación hacia la población inmigrante, especialmente en momentos de crisis económica como los actuales.
La restricción en el acceso a la sanidad de los inmigrantes sin autorización de residencia, actuaciones policiales basadas en criterios raciales, el trato que reciben los extranjeros en centros de internamiento y las condiciones de algunos poblados de bajos recursos en Madrid y Barcelona fueron los principales problemas identificados por el keniano Mutuma Ruteere, relator especial de la ONU sobre el racismo.
'La crisis económica ha causado el retroceso de avances en relación con los derechos humanos de los migrantes', dijo Ruteere en una rueda de prensa en Madrid. 'La legislación que ha restringido su acceso a la sanidad es una novedad desafortunada'.
'Hay una segregación de facto emergente en los barrios inmigrantes de España, que las autoridades deberían resolver debidamente', agregó. Ruteere hizo estas consideraciones generales, sin dar cifras o ejemplos concretos, como parte de un informe más amplio sobre el racismo en España, que será presentado en junio.
El experto de la ONU dijo que la crisis, que está golpeando especialmente a los inmigrantes, no debe servir de excusa para dar marcha atrás en la lucha contra la xenofobia. La tasa de desempleo en España es del 26% y supera el 35,6% entre los 5,7 millones de extranjeros que viven en el país ibérico.
Además de criticar el trato que reciben los extranjeros en los llamados CIEs, donde permanecen retenidos hasta un máximo de 60 días mientras se tramita su expulsión, censuró medidas como la que obliga a inmigrantes sin residencia a costear parte de su atención sanitaria, que en el país ibérico es universal y gratuita.
Sobre la denuncia de redadas policiales en función de raza, Ruteere señaló que se han hecho progresos con órdenes que prohíben este tipo de actuaciones, pero pidió más formación y control interno de los agentes. También denunció hostilidad y abusos de tipo de racial en espectáculos deportivos y exigió un endurecimiento de las sanciones para los implicados.
El relator llamó la atención sobre 'las inaceptables' condiciones humanitarias en las que trabajan algunos inmigrantes en los invernaderos agrícolas del sur andaluz —africanos en su mayoría— y subrayó la pésima situación de la población gitana originaria de Rumanía en algunas barriadas de las grandes ciudades.
Ruteere reclamó una legislación más ambiciosa y un seguimiento detallado de delitos de tipo xenófobo para evaluar su progresión. Un asunto, sin embargo, de difícil encaje legal, ya que la Constitución española impide recabar datos relativos al origen racial, salvo consentimiento expreso del afectado.
'Sin datos desglosados, según la étnica, sigue siendo difícil analizar los avances en la lucha contra la discriminación y la exclusión', afirmó. 'Como han demostrado los acontecimientos en otros lugares, culpar a los grupos vulnerables de la crisis económica puede generar un clima de hostilidad y violencia racial'.
Ruteere visitó Madrid, Barcelona, Almería, Ceuta y Melilla durante la semana pasada, en la que conoció de primera mano algunas instituciones y se entrevistó con dirigentes del gobierno y miembros de la sociedad civil.
España ha cursado una invitación permanente a todos los relatores especiales de Naciones Unidas, lo que implica aceptar automáticamente todas sus peticiones de visitas.
Como parte de su mandato, Ruteere viaja regularmente a diversos países para evaluar sus políticas contra el racismo. Sus informes, como experto independiente, son evaluados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
