Tegucigalpa, Honduras.
Detención judicial dictó un juez de Letras Penal en Materia de Corrupción a los nueve imputados por el presunto desfalco contra el Colegio de Abogados de Honduras.
La audiencia inicial se realizará el sábado 25 de noviembre a las 10:00 am.
Cuatro líneas de investigación que conllevan un sinnúmero de delitos indaga la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), las cuales apuntan a dos administraciones del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), a exempleados y testaferros, que se prestaron para descalabrar el fondo de jubilaciones y pensiones de ese organismo, que son 508 millones de lempiras.
Tras varios meses de cruzar información, de establecer la forma dolosa con la que despilfarraron los fondos, la investigación dirigida por Fiscales de la Unidad de Casos de Alto Impacto, efectuada por agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la Atic, se ejecutaron ayer acciones que se derivan de la primera línea de investigación, en la cual el monto del delito asciende a más de 30 millones de lempiras y por la que capturaron a Olvin Mejía, expresidente del Colegio de Abogados.
“Se capturó a Olvin Antonio Mejía Santos, expresidente del Colegio de Abogados, a quien se le acusa por los delitos de administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones y falsificación de documentos privados en perjuicio del sistema financiero nacional y de la fe pública de forma respectiva”, detalló Jorge Galindo, vocero de la Atic. Junto con Mejía también arrestaron al fiscal del Ministerio Público Rossel Arturo Euraque López, asignado a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en San Pedro Sula. Además arrestaron a Pastor Eliut Valladares Romero, Óscar Reinaldo Casco, Francisco Arnulfo Valladares, Héctor Rodolfo Andino, Santos Porfirio Alvarenga Nolasco y Roberto Andrés Romero.
Las serias denuncias de corrupción salpican además de Olvin Mejía a Óscar García (quien falleció la semana pasada), pues se les imputaba un faltante de 400 millones de lempiras.
La operación
En la operación Tormenta de Fuego XI, efectuada por el Ministerio Público, ejecutaron las acciones que, además de las detenciones de los implicados en el desfalco al Colegio de Abogados, llevó al aseguramiento de 15 bienes inmuebles que abarcan residencias, terrenos, 12 vehículos y cuatro sociedades mercantiles.
Pero los agentes de la Atic, tras la detención del abogado Olvin Mejía, se dirigieron a la Torre Metrópolis II, donde funciona su despacho legal, el que fue adquirido por el expresidente de los abogados y está valorado en 151,000 dólares, los que, aseguran, pagó en su totalidad.
En este lugar, los agentes hicieron un minucioso registro y secuestraron información que les es útil en el proceso de investigación.
El operativo también implicó a la esposa de Mejía, Yolany Isabel Cambar Palada, a quien en la residencial Las Hadas, de Comayagüela, los agentes de la Atic le aseguraron una vivienda. Tormenta de Fuego también extendió sus operaciones hacia bienes que se vinculan con el extinto Óscar García, a quien le aseguraron su residencia ubicada en la residencial San Ignacio, así como tres tiendas de ropa en centros comerciales de Tegucigalpa.
Más capturas
La reacción del gremio de abogados fue inmediata, ya que los resultados que las autoridades dieron ayer para frenar la impunidad en el saqueo al CAH generaron esperanzas, sin embargo, pidieron que se siga el debido proceso y se castigue a los que utilizaron los recursos de los agremiados.
“Hoy se ha dado un golpe certero contra la impunidad. Este es un caso emblemático del Colegio de Abogados. Las autoridades nos dan resultados concretos después de tener reuniones progresivas y sistemáticas con ellos desde el mes de enero. De esas capturas, dos son empleados, los otros, testaferros, y tenían relación directa con el Colegio”, explicó José María Díaz, presidente del CAH.
El directivo felicitó a la Atic y aseguró que confía en que ellos sigan la ruta correcta, pues asegura que en este caso habrá más órdenes de captura que deberán ejecutar las autoridades.
“Nosotros nos preguntábamos por qué no se había realizado ninguna acción contra las denuncias interpuestas por el gremio, sin embargo, vemos que ya comenzaron las acciones y eso da tranquilidad a los abogados. Habrá más órdenes de captura contra exempleados que laboraron en la institución gremial”, dijo Díaz.
La acción contra Mejía y otros exfuncionarios del gremio se desprende de varias denuncias vinculadas con actos de corrupción cometidos durante su gestión como presidente del Colegio de Abogados (2010-2012).
Denuncias posteriores determinaron que la malversación de los fondos alcanzó 491 millones de lempiras en cuatro administraciones más, incluyendo la del expresidente Óscar García (2008-2010). A la fecha, solo una persona ha sido enjuiciada, el exgerente del Instituto de Previsión del CAH, Josué Argeñal, condenado a doce años.
Detención judicial dictó un juez de Letras Penal en Materia de Corrupción a los nueve imputados por el presunto desfalco contra el Colegio de Abogados de Honduras.
La audiencia inicial se realizará el sábado 25 de noviembre a las 10:00 am.
Cuatro líneas de investigación que conllevan un sinnúmero de delitos indaga la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), las cuales apuntan a dos administraciones del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), a exempleados y testaferros, que se prestaron para descalabrar el fondo de jubilaciones y pensiones de ese organismo, que son 508 millones de lempiras.
Tras varios meses de cruzar información, de establecer la forma dolosa con la que despilfarraron los fondos, la investigación dirigida por Fiscales de la Unidad de Casos de Alto Impacto, efectuada por agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la Atic, se ejecutaron ayer acciones que se derivan de la primera línea de investigación, en la cual el monto del delito asciende a más de 30 millones de lempiras y por la que capturaron a Olvin Mejía, expresidente del Colegio de Abogados.
 Fiscal Rossel Arturo Euraque López.
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Las serias denuncias de corrupción salpican además de Olvin Mejía a Óscar García (quien falleció la semana pasada), pues se les imputaba un faltante de 400 millones de lempiras.
 Óscar Casco
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En la operación Tormenta de Fuego XI, efectuada por el Ministerio Público, ejecutaron las acciones que, además de las detenciones de los implicados en el desfalco al Colegio de Abogados, llevó al aseguramiento de 15 bienes inmuebles que abarcan residencias, terrenos, 12 vehículos y cuatro sociedades mercantiles.
Pero los agentes de la Atic, tras la detención del abogado Olvin Mejía, se dirigieron a la Torre Metrópolis II, donde funciona su despacho legal, el que fue adquirido por el expresidente de los abogados y está valorado en 151,000 dólares, los que, aseguran, pagó en su totalidad.
 Pastor Valladares
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El operativo también implicó a la esposa de Mejía, Yolany Isabel Cambar Palada, a quien en la residencial Las Hadas, de Comayagüela, los agentes de la Atic le aseguraron una vivienda. Tormenta de Fuego también extendió sus operaciones hacia bienes que se vinculan con el extinto Óscar García, a quien le aseguraron su residencia ubicada en la residencial San Ignacio, así como tres tiendas de ropa en centros comerciales de Tegucigalpa.
 Roberto Romero
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La reacción del gremio de abogados fue inmediata, ya que los resultados que las autoridades dieron ayer para frenar la impunidad en el saqueo al CAH generaron esperanzas, sin embargo, pidieron que se siga el debido proceso y se castigue a los que utilizaron los recursos de los agremiados.
“Hoy se ha dado un golpe certero contra la impunidad. Este es un caso emblemático del Colegio de Abogados. Las autoridades nos dan resultados concretos después de tener reuniones progresivas y sistemáticas con ellos desde el mes de enero. De esas capturas, dos son empleados, los otros, testaferros, y tenían relación directa con el Colegio”, explicó José María Díaz, presidente del CAH.
 Francisco Valladares
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“Nosotros nos preguntábamos por qué no se había realizado ninguna acción contra las denuncias interpuestas por el gremio, sin embargo, vemos que ya comenzaron las acciones y eso da tranquilidad a los abogados. Habrá más órdenes de captura contra exempleados que laboraron en la institución gremial”, dijo Díaz.
 Héctor Andino
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La acción contra Mejía y otros exfuncionarios del gremio se desprende de varias denuncias vinculadas con actos de corrupción cometidos durante su gestión como presidente del Colegio de Abogados (2010-2012).
Denuncias posteriores determinaron que la malversación de los fondos alcanzó 491 millones de lempiras en cuatro administraciones más, incluyendo la del expresidente Óscar García (2008-2010). A la fecha, solo una persona ha sido enjuiciada, el exgerente del Instituto de Previsión del CAH, Josué Argeñal, condenado a doce años.
 Santos Alvarenga
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