Tegucigalpa, Honduras
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato de dos fiscales y una defensora pública en Honduras en octubre pasado, y expresó su preocupación por las 'continuas amenazas' en contra de los operadores de justicia en el país centroamericano.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, instó a las autoridades a actuar con urgencia para identificar los motivos de estos crímenes y 'sancionar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos'.
El organismo se refería así al asesinato de la fiscal Marlene Banegas, ex coordinadora de fiscales de San Pedro Sula y coordinadora de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida; y de la fiscal Olga Patricia Eufragio, que trabajaba en la Fiscalía del Medio Ambiente.
Las muertes se produjeron el 10 de octubre en San Pedro Sula mientras las fiscales viajaban en un vehículo sin blindaje.
La fiscal Banegas, quien había estado amenazada de muerte, recibió 52 impactos de bala.
Por otra parte, la CIDH denunció el ataque que sufrió el pasado 23 de octubre la ex jueza de paz y actual defensora pública Iris Argueta en la ciudad de Catacamas, en el departamento hondureño de Olancho.
Argueta, al parecer, fue abordada mientras viajaba en su vehículo por sujetos en motocicletas que la atacaron con armas de fuego, y falleció en el hospital tras ser intervenida quirúrgicamente a causa de los impactos de bala recibidos.
Con estos sucesos, se han registrado 86 asesinatos de profesionales del Derecho desde 2010 hasta la fecha en Honduras, recordó la CIDH.
Asimismo, advirtió el organismo, en lo que va de 2014 al menos 20 jueces recibieron amenazas de muerte a través de personas no identificadas y llamadas telefónicas.
En la mayor parte, se trataba de jueces de lo penal que llevan casos relacionados con el crimen organizado.
La CIDH toma nota de las declaraciones realizadas por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que condenó el asesinato de las fiscales y aseguró que los hechos no quedarán impunes.
No obstante, la Comisión urge a Honduras a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si estos asesinatos fueron cometidos como represalia por la labor judicial que desempeñaban los afectados.
También instó al país centroamericano a adoptar una política efectiva de prevención y protección para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad del miembros del sistema judicial. EFE
