Islas de la Bahía, Honduras
Millonarias inversiones están paralizadas y a punto de perderse en el lujoso resort Pristine Bay de Islas de la Bahía a raíz de un litigio legal entre el empresario isleño Danny Mcnab Valladares y los actuales propietarios del complejo turístico.
| Millonaria deuda
La sociedad North Shore entregó el proyecto en acción de pago por una deuda de $21 millones a dos bancos de Guatemala y Barbados.
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Producto de este pleito legal, un tribunal de Islas de la Bahía, prohibió celebrar actos y contratos sobre el citado complejo inmobiliario y turístico, lo que ha impedido realizar cualquier actividad mercantil de compra y venta en el mismo. Por esta razón, el proyecto se encuentra prácticamente paralizado y no ha sido posible continuar con las nuevas inversiones en el sitio. El Pristine Bay es un suntuoso complejo enclavado en la paradisiaca isla de Roatán que cuenta con un lujoso complejo de golf de 405 acres y villas privadas de 1, 2, 3 y 4 habitaciones. La pieza central de Pristine Bay Resort es el campo de golf de campeonato de 18 hoyos, bautizado como The Black Pearl, diseñado por el golfista y arquitecto de fama mundial, Pete Dye.
El conflicto surgió en noviembre de 2018 cuando los representantes legales de Mcnab presentaron una solicitud ante el juzgado de Islas de la Bahía, pidiendo la prohibición de celebrar actos y contratos sobre 66 propiedades del Pristine Bay, para lo cual el empresario rindió una caución de 600,000 lempiras.
El Pristine Bay fue desarrollado inicialmente por la sociedad North Shore, de la cual Mcnab era socio, pero debido a una deuda equivalente a 21.1 millones de dólares, el proyecto fue entregado en dación de pago a Banco Agromercantil de Guatemala y Mercom Bank de Barbados.
Según el documento legal, el empresario pidió la medida por una supuesta deuda que North Shore tenía con él, pero los actuales dueños alegan que la prohibición de celebrar actos y contratos afecta sus intereses por cuanto abarca bienes inmuebles propiedad de BAM y Mercom.
Ambos bancos presentaron una caución sustitutoria por seis millones de lempiras para suspender la medida, pero extrañamente el juez se ha negado a resolverla, denunciaron los afectados.
