Tegucigalpa, Honduras
Los tramitadores que frecuentan las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) en Tegucigalpa y San Pedro Sula constituyen otro de los retos de la comisión interventora que está por nombrar el Congreso Nacional.
Como su propósito es darle otro rostro a esta institución, la misión será restringirles el acceso. Incluso, el mismo presidente Juan O. Hernández pidió prescindir de ellos.
Estos ciudadanos, entre los cuales hay hombres y mujeres, tienen contactos al interior de esta entidad para agilizar las gestiones de solicitudes de partidas de nacimiento, tarjetas de identidad, constancias de soltería, de parentesco y certificaciones de matrimonio, divorcios y defunciones.
La sospecha racional de las fuentes consultadas es que los trámites que realizan estas personas se pueden prestar al tráfico de documentos y, consecuentemente, al otorgamiento de tarjetas de identidad a extranjeros. Esta es una de las preocupaciones del Gobierno de Estados Unidos que, aparentemente, es el más interesado en que se depure el RNP, dándole un nuevo rostro, y lo mismo pasa con la Unión Europea (UE), ya que está financiando el proyecto de la nueva tarjeta de identidad.
Los pagos por la prestación de estos servicios son variados, desde 200 lempiras hasta L1,000 dependiendo del trámite y en función a la rapidez con que el cliente quiere el documento.
