Tegucigalpa, Honduras
La Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional denunciará a unos mil policías ante el Ministerio Público (MP) por delitos de corrupción y contra la vida, confirmaron a LA PRENSA miembros de la Comisión Especial de Depuración del estamento policial hondureño.
“Esta instancia para la reforma de esa entidad armada trabaja en la fase final de preparación de más de mil casos en los que se incluyen indicios de la supuesta comisión de delitos en los que se involucra a oficiales, agentes y personal auxiliar cancelados de la institución gubernamental; dichos casos serán remitidos en los próximos días al Ministerio Público”, indicó Omar Rivera, miembro de la Comisión Depuradora.
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agentes y oficiales han sido separados de la institución policial desde que se inició el proceso de adecentamiento de la institución policial en abril de 2016.
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En la lista de futuros denunciados hay al menos un general director en retiro, comisionados, subcomisionados y otros de distintos rangos hasta llegar a las escala básica, explicó el depurador.
“Los hay de todos los rangos”, aseveró Rivera.
A los policías se les denunciará por hechos relacionados con actos de corrupción administrativa, hurto de armas y homicidios, entre otros, explicó.
“Son varios supuestos delitos de diferentes calibres cometidos por policías de diferentes grados, que van desde abuso de autoridad, cohecho, violación de los deberes de los funcionarios, y apropiación indebida, hasta lesiones, tortura y homicidio, entre otros. Fiscales y agentes de investigación del Ministerio Público deberán estar para constatar si la evidencia es consistente y si hay o no merito”, consideró.
La mayoría de los hechos que se consignarán en las denuncias sucedieron en los últimos cincos años, pero hay otros que datan desde finales de los 90, precisó Rivera.
“Al revisar los archivos policiales nos encontramos evidencia que podría ser de mucha utilidad para las fiscalías especiales de la Fiscalía que pudiesen terminar convertidas en insumo para la formulación de requerimientos fiscales”, dijo Rivera.
Algunos de los policías que serán denunciados ya han sido cancelados en el proceso de depuración, pero Rivera no precisó la cifra.
El pastor Alberto Solórzano, miembro de la Comisión Depuradora, también confirmó que la presentación de las denuncias contra los policías será esta semana.
| 800
millones de lempiras se han pagado en concepto de prestaciones y derechos laborales a los más 4,500 policías que han sido despedidos de la institución en los últimos 23 meses.
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La Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional fue creada mediante el Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional, el que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 8 de abril de 2016, para redinamizar la estancada limpieza y modernización de la Policía Nacional.
Este instrumento legal se aprobó luego de que trascendiera en 2016 en medios de comunicación que altos jerarcas polic?as planificaron el asesinato del director de la Lucha contra el Narcotráfico Julián Arístides González el 7 de diciembre de 2011.
El Decreto 21-2016 también declara emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional y faculta a la Comisión a separar a policías si no reúnen los requisitos de idoneidad y confianza.
De acuerdo con el decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios de abril de 2016, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene, entre otras atribuciones, la de remitir al MP y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito.
La presentación de la denuncia contra los mil policías es la segunda que hará la Comisión Especial, ya que el 24 de agosto de 2016 presentó al MP 144 expedientes que involucran con hechos delictivos a 544 policías.
En los documentos se encontraban los de tres generales de la Policía Nacional, quienes presentaban varias incongruencias patrimoniales, uno de ellos por L138 millones. Omar Rivera dijo en ese momento que los expedientes “van teñidos de sangre y lodo”. El primer paquete de denuncias se formuló contra jerarcas de la entidad armada, como tres directores generales de la Policía Nacional y tres comisionados.
En 22 meses de gestión de la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional han sido cancelados, despedidos o han renunciado más de 4,925 elementos policiales.
Fortalecimiento
Rivera destacó la decisión del fiscal general del Ministerio Público, Oscar Fernando Chinchilla, de crear la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial, como un órgano especializado para indagar sobre hechos criminales cometidos por elementos policiales.
“Creo que se lr debe aumentar el presupuesto a la misma y garantizar que otras unidades especializadas del MP también sean fortalecidas, tal es el caso de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Dirección de Medicina Forense”, manifestó.
“Sin duda alguna ha sido un paso importante que fiscales, investigadores y peritos estén a cargo del análisis de la información que la Comisión Especial envió al Ministerio Público, y que ya algunas acciones concretas se han efectuado” exteriorizó
Finalmente, Rivera indicó que “está claro que es un enorme reto procesar toda la enorme información que ha remitido y remitirá la Comisión Especial al MP; no obstante, estamos seguros que hay voluntad política y compromiso para no dejar impunes los delitos cometidos por los malos policías que pertenecían a la institución”.
Cooperación
Al respecto, el portavoz de la Policía Nacional, Jair Meza, aseguró que la entidad del orden ha proporcionado toda la documentación que ha requerido la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional.
“Nosotros, pues, siempre hemos estado apoyando los temas de la Comisión en darle toda la información necesaria que está en poder de la Policía Nacional a través de los órganos, en este caso DIECP, que pertenencía a Seguridad, de la Inspectoría General de la Policía y Recursos Humanos”. La Policía Nacional desconoce el avance de las investigaciones que realiza la Comisión Especial porque no interfiere en el procesamiento de los datos que se le proporcionan a los depuradores, indicó Meza.
“En cuestiones de presentación de denuncias desconocemos las denuncias como Policía Nacional, recuerde que es un asunto exclusivo de la Comisión, ellos investigaron a todos los funcionarios policiales por medio de un procedimiento en el cual pidieron información a varios organismos”, cerró Meza.
El mandato de la Comisión Especial vencía el 20 de enero de 2017, pero el Congreso Nacional aprobó una extensión de un año y luego de ese término aprobó una año más de vigencia, por lo que su período termina el 20 de enero de 2019.
| Esta semana se presentan los reglamentos de leyes
A partir de esta semana iniciará la revisión de la propuesta definitiva de reglamentos de la Ley Orgánica y la Ley de Carrera de la Policía Nacional, así como la norma reglamentaria que definirá aspectos específicos del funcionamiento de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) los depuradores se reunirán con la cúpula policial y funcionarios de la Secretaría de Seguridad para afinar detalles de estos tres importantes reglamentos; luego se instará al ministro Julián Pacheco Tinoco para que los ponga en vigor.
La nueva Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras, y la Ley de la Carrera Policial, fueron aprobadas, el año pasado por el Congreso Nacional, y son fundamentales para fortalecer los diferentes organismos policiales, darle sostenibilidad a la nueva estructura organizacional de la entidad, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y hacer nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que les corresponde a los integrantes de la Policía Nacional.La Didapol es la dependencia desconcentrada de la Secretaría de Seguridad con autonomía técnica, administrativa, financiera y operativa, a cargo de investigar las faltas muy graves y graves en que incurran los miembros de la Secretaría y de la Carrera Policial. Por ahora está en proceso el nombramiento de su director. |
