El Ministerio Publico solicitó al Juzgado de Jurisdicción Nacional una prórroga de 60 días para celebrar la audiencia preliminar en el caso de Kevin Solórzano, acusado por la muerte del fiscal Edwin Eguigure.
El joven universitario debía ser presentado a audiencia preliminar durante esta semana luego de que terminaran los 60 días dados por la ley, después de celebrada la audiencia inicial para realizar diligencias de investigación.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) informó ayer que existen “acciones dilatorias por parte de la defensa en el caso que se le sigue a Kevin Solórzano” y que estas “han obligado a tener que solicitar una prórroga para la celebración de la audiencia preliminar”.
El documento refiere que el tribunal dictó auto de formal procesamiento el pasado 25 de noviembre de 2014, este fue apelado por la defensa de Solórzano y se causó un atraso de más dos meses.
“Acción que motivó la devolución del expediente por parte de la Corte de Apelaciones de lo Penal de este Departamento hasta el día 13 de febrero de 2015”, dice el comunicado.
“Durante todo este tiempo (casi dos meses y medio), en el cual se suspendió la jurisdicción al juzgado, se imposibilitó al Ministerio Público la comprobación de diferentes diligencias probatorias bajo control judicial, tales como la solicitud de un nuevo vaciado telefónico a la empresa de telefonía móvil Claro”, agrega.
Las autoridades señalan también que el Ministerio Público ha estado listo para proceder a solicitar, bajo autorización judicial, la práctica de varias diligencias, “sin embargo ha sorprendido al ente acusador que en reiteradas ocasiones la defensa técnica del ciudadano Solórzano ha intentado impedir el curso normal del proceso”.
También se detalla que a dos días de haberse devuelto el expediente al Tribunal, “la defensa presentó una acción de recusación contra el juez de la causa, bajo un argumento jurídico que consideramos está apartado de la norma procesal penal, misma que fue denegado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de este Departamento”.
“La acción anterior obstruyó el curso normal del proceso desde el 23 de febrero hasta el 10 de marzo, 2015, provocando 15 días más de retraso; asimismo un nuevo recurso de reposición contra tal resolución indujo que la Corte de Apelaciones resolviera inmediatamente a fin de evitar una dilación más en el presente caso”, detalla.
Se indica que fue hasta el 12 de marzo que el expediente estuvo disponible para continuar con el proceso, pero “bajo la amenaza de una nueva recusación ya anunciada por los abogados defensores quienes acudieron al órgano jurisdiccional junto a un Notario Público para levantar actas notariales sobre el estado actual del expediente”.
“En las acciones anteriores la defensa pretendió impedir que el ciudadano Solórzano fuera evaluado psicológica y psiquiátricamente, habiendo tenido conocimiento de la práctica de dichas diligencias, sin haberse opuesto a la misma en sede judicial y además habiéndose citado los defensores en legal y debida forma por el Tribunal”.
El documento concluye indicando que estas prácticas de la defensa “obligaron al Ministerio Publico a solicitar una ampliación”, ya que “ha sido imposible evacuar los trabajos investigativos de la estrategia así como las propias diligencias solicitadas por la misma defensa, para corroborar o desvirtuar los hechos imputados”.
