Tegucigalpa, Honduras
La compra de un lote de 15 bolígrafos Montblanc con marco de oro para los directivos del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) se hizo al margen de la ley y causó un perjuicio económico al Estado de más de 73 mil lempiras.
Así lo establece un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al que tuvo acceso LA PRENSA y que partió de una investigación periodística publicada por este diario el 23 de noviembre de 2014.
En septiembre de ese mismo año también se sacó a luz la compra de diez finos relojes Bulova, valorados en más de 81 mil lempiras, que se entregaron como regalo navideño a los directivos del Injupemp en diciembre de 2011.
Según el TSC, en la adquisición de los 15 lápices hubo abuso de las autoridades, ya que existe una disposición que prohíbe realizar erogaciones o acordar cualquier beneficio de carácter económico a favor de un miembro de la junta directiva de cualquier institución autónoma.
Por este hecho, el organismo contralor del Estado formuló responsabilidades civiles contra el entonces director del Injupemp, Andrés Torres Rodríguez; el gerente administrativo, Aníbal Bendezzú, y el tesorero Mario Ramón Córdova, entre otros.
Beneficiados
Tal como lo informó LA PRENSA, el informe establece que en la transacción resultó favorecida la empresa Vendome S.A. de C.V. a quien se le adjudicó la compra de los 15 lápices por un valor de L73,360.65.
Las personas favorecidas con el regalo navideño fueron los 15 miembros de la junta directiva de ese entonces que presidía el ministro de Trabajo, Felícito Ávila. No obstante, en las indagaciones los auditores encontraron que en el listado proporcionado por Injupemp figura el nombre de los funcionarios que fueron beneficiados con los bolígrafos; pero en el acuse de recibo no aparecen las firmas de cada uno de ellos.
Por otro lado, se confirmó que la erogación se hizo bajo el objeto del gasto número 29100, correspondiente al renglón de Ceremonial y Protocolo, el cual no contempla ese tipo de obsequios para los directivos.
“Aunque el proceso para la compra de los bolígrafos se realizó mediante tres cotizaciones, según lo establecido en el artículo 31 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas para el Ejercicio Fiscal del año 2010; no existe fundamento que justifique el uso de recursos públicos o de la institución para efectuar obsequios a la junta directiva del Injupemp o grupo selecto de personas”, afirmó el informe.
En consonancia con lo antes descrito, se pudo comprobar la contravención de lo establecido en el artículo 60 de la Ley General de Administración Pública. Esa normativa literalmente expresa: “Será prohibido para las instituciones autónomas, hacer erogaciones o acordar cualquier beneficio de carácter económico a favor de un miembro de su Junta Directiva, propietario o suplente”.
En vista de lo anterior, el TSC concluyó que la adquisición de los suntuosos obsequios generó un perjuicio económico al Estado por la cantidad antes descrita, originando responsabilidades civiles, que de acuerdo a lo que dispone el artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal, fueron notificadas personalmente a cada uno de los responsables a través de pliegos de responsabilidad.
El TSC puntualizó que hubo un “uso indebido” de los recursos de la institución por parte del director ejecutivo, y recomendó a las actuales autoridades que en lo sucesivo se abstengan de otorgar este tipo de beneficios a sus directivos.
