La Ceiba, Honduras.
Apenas va el 30% de las investigaciones en el Instituto de la Propiedad de La Ceiba y estas ya revelan que la oficina regional era una terminal para el lavado de activos.
Norman Iván Díaz Alvarenga, registrador titular interino, señaló que toda la información fue constatada por los oficiales de auditoría del registro.
“Ellos tienen los detalles en torno a todas las irregularidades que se han encontrado y le pasaron el informe que ahora todos conocemos”, declaró.
“Soy parte de la intervención a raíz de que despidieron a los dos registradores que estaban a cargo del registro”.
Admitió que trabajan lento. “Solo estoy yo como registrador, por lo que estamos atendiendo a las personas por orden de llegada y haciendo citas para los que requieran una auditoría”.
La mayor incidencia que encontraron es la cantidad de asientos faltantes en los tomos. “No hay un tomo donde no falten asientos”.
Unos 750 documentos quedan por procesar en la investigación.
Aseveró que los atrasos se dieron porque no estaban prestando los tomos ni se estaban presentando documentos para avanzar con la investigación.
Sin embargo informó que aún queda al menos el 70% de los documentos por revisar en toda la institución.
Las evidencias serán presentadas al Ministerio Público para que profundice las indagaciones.
Ebal Díaz, presidente del Consejo Directivo del IP, reveló que por medio de los libros, de los cuales 1,782 no han sido empastados, se les quita la propiedad a las personas y se le cede a otra y quien decide eso es un funcionario que ha estado “allí jugando” con los derechos de la propiedad.
Hay pruebas de que se inscribieron propiedades que aparecen en el Registro de la Propiedad, pero sin la firma del registrador.
Reacción
Las acusaciones emitidas por el Consejo Directivo concernientes a casos de corrupción en la oficina regional resonaron para el exregistrador Carlos Augusto Solís Álvarez, quien fue despedido por un caso de supuesta falsificación en la sucursal en 2014.
“Todo es falso y considero que el abogado ha sido asesorado erróneamente”, expresó Solís. “Me siento molesto porque las acusaciones que fueron arrojadas; me apuntan por el periodo que trabajé para el IP y tengo el derecho de defenderme”, alegó.
El notario laboró en la institución desde 2010 hasta 2014 por un caso que asegura que ya fue aclarado y por el cual se defendió en una corte.
El exempleado del IP señaló que ahora otro caso lo habría colocado en el banquillo de los acusados, pero que de este también cuenta con toda la documentación para defenderse de nuevo si fuera necesario.
En cuanto a las irregularidades encontradas, afirmó que las causas son las fallas de la organización. “Si los tomos no están empastados, no era mi responsabilidad como registrador empastarlos”, indicó.
Apenas va el 30% de las investigaciones en el Instituto de la Propiedad de La Ceiba y estas ya revelan que la oficina regional era una terminal para el lavado de activos.
Norman Iván Díaz Alvarenga, registrador titular interino, señaló que toda la información fue constatada por los oficiales de auditoría del registro.
“Ellos tienen los detalles en torno a todas las irregularidades que se han encontrado y le pasaron el informe que ahora todos conocemos”, declaró.
“Soy parte de la intervención a raíz de que despidieron a los dos registradores que estaban a cargo del registro”.
Admitió que trabajan lento. “Solo estoy yo como registrador, por lo que estamos atendiendo a las personas por orden de llegada y haciendo citas para los que requieran una auditoría”.
La mayor incidencia que encontraron es la cantidad de asientos faltantes en los tomos. “No hay un tomo donde no falten asientos”.
Unos 750 documentos quedan por procesar en la investigación.
Aseveró que los atrasos se dieron porque no estaban prestando los tomos ni se estaban presentando documentos para avanzar con la investigación.
Sin embargo informó que aún queda al menos el 70% de los documentos por revisar en toda la institución.
Las evidencias serán presentadas al Ministerio Público para que profundice las indagaciones.
Ebal Díaz, presidente del Consejo Directivo del IP, reveló que por medio de los libros, de los cuales 1,782 no han sido empastados, se les quita la propiedad a las personas y se le cede a otra y quien decide eso es un funcionario que ha estado “allí jugando” con los derechos de la propiedad.
Hay pruebas de que se inscribieron propiedades que aparecen en el Registro de la Propiedad, pero sin la firma del registrador.
Reacción
Las acusaciones emitidas por el Consejo Directivo concernientes a casos de corrupción en la oficina regional resonaron para el exregistrador Carlos Augusto Solís Álvarez, quien fue despedido por un caso de supuesta falsificación en la sucursal en 2014.
“Todo es falso y considero que el abogado ha sido asesorado erróneamente”, expresó Solís. “Me siento molesto porque las acusaciones que fueron arrojadas; me apuntan por el periodo que trabajé para el IP y tengo el derecho de defenderme”, alegó.
El notario laboró en la institución desde 2010 hasta 2014 por un caso que asegura que ya fue aclarado y por el cual se defendió en una corte.
El exempleado del IP señaló que ahora otro caso lo habría colocado en el banquillo de los acusados, pero que de este también cuenta con toda la documentación para defenderse de nuevo si fuera necesario.
En cuanto a las irregularidades encontradas, afirmó que las causas son las fallas de la organización. “Si los tomos no están empastados, no era mi responsabilidad como registrador empastarlos”, indicó.
