Tegucigalpa, Honduras.
Con el objetivo de fortalecer la credibilidad institucional, el Congreso Nacional creó en marzo de 2014 la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza; sin embargo, a casi un año de su creación no existe la estructura de este organismo que practicará las pruebas a todos los funcionarios que componen los operadores de justicia y hasta los empleados del Poder Ejecutivo que el Presidente designe.
Según la ley, el responsable de llevar a cabo el reglamento de la Superintendencia es la Secretaría de la Presidencia; en este caso, Reinaldo Sánchez, quien manifestó a LA PRENSA que ya han elaborado varios borradores presentados al Consejo de Defensa y Seguridad.
“La ley en su Artículo 23 nos remite a hacer la reglamentación y nos dio un plazo de 30 días. No obstante, hay elementos que nos han atrasado un poco; por ejemplo, la sentencia que estaba pendiente Hace unos días, la Sala de lo Constitucional dejó ya en firme la práctica de las pruebas de confianza. Mientras no hubiera una resolución a favor o en contra, no podíamos avanzar”, explicó Sánchez.
Mientras esperaban la sentencia, el funcionario comentó que han trabajado en el reglamento de la Superintendencia. “Es un tema altamente técnico. Para Honduras significará mucho en la lucha contra la corrupción. A esta altura no tenemos los nombres de los candidatos para superintendente y su adjunto. Con la Superintendencia las cosas cambiarán, la ciudadanía tendrá la plena confianza de que quien dirige una institución está altamente calificado porque fue sometido a las pruebas de confianza”, aseguró Sánchez.
Para el presidente de la comisión de seguridad del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, el retraso para poner en marcha la Superintendencia ha dependido de varios factores por falta de reestructuración y presupuesto.
“La Superintendencia va a estar sobre la Diecp, la Inspectoría de Tribunales y la Supervisión Nacional del Ministerio Público para que estos organismos donde se denuncia el accionar de los operadores soliciten a la Superintendencia las pruebas de confianza”, agregó Zambrano.
Ante la validación de las pruebas de confianza de polígrafo, sicométricas, patrimoniales y toxicológicas a todos los funcionarios de los operadores de justicia, el Gobierno asegura que en 2015 se pondrá en marcha la Superintendencia que dependerá del Consejo de Defensa y Seguridad.
Con el objetivo de fortalecer la credibilidad institucional, el Congreso Nacional creó en marzo de 2014 la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza; sin embargo, a casi un año de su creación no existe la estructura de este organismo que practicará las pruebas a todos los funcionarios que componen los operadores de justicia y hasta los empleados del Poder Ejecutivo que el Presidente designe.
Según la ley, el responsable de llevar a cabo el reglamento de la Superintendencia es la Secretaría de la Presidencia; en este caso, Reinaldo Sánchez, quien manifestó a LA PRENSA que ya han elaborado varios borradores presentados al Consejo de Defensa y Seguridad.
“La ley en su Artículo 23 nos remite a hacer la reglamentación y nos dio un plazo de 30 días. No obstante, hay elementos que nos han atrasado un poco; por ejemplo, la sentencia que estaba pendiente Hace unos días, la Sala de lo Constitucional dejó ya en firme la práctica de las pruebas de confianza. Mientras no hubiera una resolución a favor o en contra, no podíamos avanzar”, explicó Sánchez.
Mientras esperaban la sentencia, el funcionario comentó que han trabajado en el reglamento de la Superintendencia. “Es un tema altamente técnico. Para Honduras significará mucho en la lucha contra la corrupción. A esta altura no tenemos los nombres de los candidatos para superintendente y su adjunto. Con la Superintendencia las cosas cambiarán, la ciudadanía tendrá la plena confianza de que quien dirige una institución está altamente calificado porque fue sometido a las pruebas de confianza”, aseguró Sánchez.
Para el presidente de la comisión de seguridad del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, el retraso para poner en marcha la Superintendencia ha dependido de varios factores por falta de reestructuración y presupuesto.
“La Superintendencia va a estar sobre la Diecp, la Inspectoría de Tribunales y la Supervisión Nacional del Ministerio Público para que estos organismos donde se denuncia el accionar de los operadores soliciten a la Superintendencia las pruebas de confianza”, agregó Zambrano.
Ante la validación de las pruebas de confianza de polígrafo, sicométricas, patrimoniales y toxicológicas a todos los funcionarios de los operadores de justicia, el Gobierno asegura que en 2015 se pondrá en marcha la Superintendencia que dependerá del Consejo de Defensa y Seguridad.
