Perú.
José Ugaz, abogado penalista (Lima, 1959) es el nuevo presidente de la ONG Transparencia Internacional (TI). Tras 20 años de actividad, su Índice Anual de Percepción de la Corrupción goza de gran prestigio a la hora de definir los niveles de corrupción en cada país. Tras el mandato de la canadiense Huguette Labelle, es el turno de este peruano que saltó a la fama como procurador ad-hoc de la nación en el caso Fujimori-Montesinos, propiciando la destitución y encarcelamiento del entonces presidente Alberto Fujimori. Entre 2000 y 2002 abrió más de 200 casos contra 1,500 personas, todas ellas relacionadas con las corruptelas gubernamentales.
¿Qué retos se marca para su mandato?
Hay muchos. Estamos en un momento de transformación. En estas dos décadas de vida, TI ha conseguido ubicarse en una buena posición. Pero ahora vivimos tiempos nuevos. La tecnologia, la globalización... la corrupción de hoy es muy distinta a cuando empezamos. En 2011, aprobamos la estrategia 2015-2020. Pero el objetivo es el mismo: luchar contra la impunidad de los corruptos.
¿Es Centroamérica una de las regiones más corruptas del mundo?
Sin duda alguna. El crimen organizado se retroalimentó con las redes corruptas tradicionales hasta el punto de poner en duda la viabilidad de algunos estados.
¿Recientemente, Honduras se convirtió en el primer país en firmar un convenio de colaboración con ustedes. ¿Piensa seguir esta línea de actuación?
Absolutamente. El capítulo de Honduras está teniendo un gran impacto. Su presidente, Carlos Hernández, fue ampliamente ovacionado en nuestra última asamblea.
Yo mismo pude comprobar, en persona, el trabajo que están realizando y van a tener todo mi apoyo.
¿Hasta qué punto la corrupción es un lastre para el desarrollo?
A mí me gusta describir la corrupción como un impuesto para los pobres. Y no lo digo yo: los indicadores económicos me dan la razón. Es algo lógico; se sustraen fondos del Estado para ir a parar a los bolsillos de unos pocos. Esos fondos deberían financiar educación, sanidad e infraestructuras. Antes hizo referencia a las nuevas tecnologías.
¿A quién han beneficado más? ¿Al corruptor o a sus perseguidores?
Las redes criminales tienen acceso a mecanismos muy sofisticados. Las policías también hacen un buen trabajo, pero topan con dificultades legales y políticas. Los Estados van a una velocidad menor, están anquilosados en conceptos como soberanía y cooperación internacional.
¿Entonces deberían renunciar a esos conceptos para ser más eficaces contra la corrupción?
No, pero deberían ser más flexibles. A los Estados les falta capacidad de reacción. La lucha contra la corrupción debe ser global. Eso requiere mucha creatividad y voluntad política.
En este mundo global, ¿qué le da más miedo? ¿Enfrentarse a caudillos locales o a grandes multinacionales?
Depende de cada circunstacia. Ambos elementos hacen mucho daño. El caudillo impacta en un nivel muy local, hace mella en la cultura hasta el punto de que muchos pueblos acaban volviéndose tolerantes con la corrupción. Simplemente no vislumbran alternativa y se adaptan. De las multinacionales me preocupa su capacidad para impactar en los Gobiernos.
¿Entonces, el mayor riesgo es que la gente se acostumbre a vivir bajo régimenes corruptos ?
Lamentablemente, eso ya sucede. En Perú, por ejemplo, tenemos un dicho para calificar a ciertos políticos: “Este roba, pero hace obra”. Significa que es corrupto, pero al menos genera empleo, lo cual ya es admisible. Y no lo es. Debemos sacudir las conciencias.
