Nuevamente ha vuelto a sonar la alarma en el proyecto de la construcción de la granja penal que recibirá en los próximos meses a más de mil reos que se hallan en el obsoleto presidio de San Pedro Sula, ubicado en el casco urbano de la ciudad y colonias densamente pobladas.
El trabajo se ha mantenido, en los últimos meses, a un ritmo prometedor, de manera que se podrá cumplir la promesa de terminar los primeros seis módulos, primera etapa, antes de fin de año. Pero es necesario que no se detengan las obras y así en los primeros meses del próximo año se trasladarían reos, disminuyendo el congestionamiento en el reclusorio sampedrano.
“Aún no sabemos si tendremos una nueva planilla a finales de noviembre cuando se agoten los próximos 15 millones de lempiras de los 60 que recibimos en el mes de mayo”, explica Luis Larach, miembro del comité procorrección del nuevo presidio.
Extraña que no se atienda con celeridad la demanda de recursos, puesto que el Gobierno está empleado y lo están logrando en reducir los altos niveles de violencia, mediante las acciones policiales en las cuales las capturadas exigen más espacios en los ya sobresaturados presidios nacionales.
Según las estadísticas hay más de 16,000 reos en los 24 presidios del país. Los dos con más población, la Penitenciaría Nacional y el reclusorio sampedrano, superan en más de cien por ciento su capacidad por lo que la seguridad de los internos y su rehabilitación se convierten en dos problemas permanentes a los que dar respuestas de acuerdo a los convenios internacionales o a las leyes internas.
A ello hay que sumar, en el caso de la capital industrial del país, a los peligros a que están expuestas centenares de familias que habitan en las cercanías del reclusorio y que, por décadas han sido víctimas de la violencia entre muros, la intranquilidad por fuga de reos y los inconvenientes por los despliegues policiales.
El final del hacinamiento y sus consecuentes problemas está cercano si el Gobierno sigue respaldando la iniciativa del grupo de sampedranos, dirigidos por el obispo auxiliar monseñor Rómulo Emiliani que ejerce de apagafuego cuando los ánimos se caldean en el presidio, como ha ocurrido recientemente, y es llamado para aplacar los ánimos, objetivo logrado con éxito por ser la persona de confianza entre los reclusos.
“Llevamos cinco meses ininterrumpidos de construcción”, señala con satisfacción el obispo quien con optimismo espera recursos de la tasa de seguridad para avanzar y terminar el ejemplar proyecto el próximo año y trasladar a la población reclusa a las nuevas instalaciones donde las celdas, los talleres y los espacios para paseos y esparcimiento contribuirán a mejorar la calidad de vida de los reos.
