Tegucigalpa, Honduras.
Dos apelaciones presentó ayer la defensa del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Mario Roberto Zelaya. Pide que se revoquen resoluciones decretadas por tribunales de justicia.
En primer lugar, la defensa apeló el auto de formal procesamiento contra la resolución emitida por la jueza No 14, con la medida cautelar de prisión preventiva, que cumple en el Primer Batallón de Infantería.
El caso se relaciona con una supuesta sobrevaloración en la compra de pasajes aéreos a Estados Unidos para promover un programa de afiliación a migrantes.
Para ese efecto se invirtieron más de dos millones de lempiras en pasajes, viáticos y otros gastos de viaje. Según la acusación, siete funcionarios efectuaron los viajes, presuntamente con fines particulares y no oficiales.
La Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio Público acusa a Zelaya por suponerlo responsable de dos delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Según la defensa, Zelaya no participó en las cotizaciones ni en la compra de pasajes. Sostiene que el Tribunal Superior de Cuentas es el organismo facultado para investigar y proceder por este tipo de casos, no el Ministerio Público.
José Marcelino Vargas, defensor de Zelaya, interpuso el segundo recurso de apelación, en esta oportunidad contra la resolución emitida por el juez natural Elmer Lizardo de dictar auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Zelaya.
La Fiscalía lo acusa por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de fondos privados y públicos de pensiones y jubilaciones.
Los hechos se relacionan a dos transferencias aprobadas por la entonces directiva del IHSS, en marzo y junio de 2011, por un monto de 1,500 millones de lempiras. En una de ellas se autorizó consolidar una deuda del Régimen de Enfermedad y Maternidad frente al de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), por 942.7 millones de lempiras.
Según la defensa, en la audiencia inicial quedó plenamente acreditado que Zelaya no participó en ninguna de las reuniones en las que se aprobaron ambas transferencias.
Además, argumenta que la Ley del Seguro Social prevé que podía participar en las sesiones de la junta directiva con voz, pero sin voto. Por lo tanto, Zelaya no podía oponerse a la ejecución de dichas resoluciones. Si no cumplía ambas resoluciones, podía incurrir en el delito de desobediencia, explicó. Ambos recursos serán conocidos y resueltos por una Corte Especial de Apelaciones integrada por los magistrados Jorge Rivera Aviles, quien la preside, Edith María López y Víctor Manuel Lozano.
A juicio
Hay otra acusación incoada contra Zelaya que no fue apelada por la defensa. Se trata del requerimiento fiscal que le interpuso el Ministerio Público por suponerlo responsable de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio.
La Fiscalía lo señala por presuntamente recibir un soborno por un millón de dólares para agilizar el pago de un contrato a una empresa.
Por este caso, el Juzgado con Jurisdicción Nacional le decretó el auto de formal procesamiento, con prisión preventiva. La defensa no apeló tal resolución porque lo ven como una imputación que requiere mayor investigación, es más complicado, por lo que prefieren demostrar en juicio oral y público la inocencia de su representado.
“En este caso se prevé ir a juicio”, señaló el defensor. Dentro de 60 días se celebrará la audiencia preliminar en la cual se definirá elevar el caso a juicio oral.
Fiscalía apela
El Ministerio Público interpuso ayer una apelación en contra de la resolución que libera de responsabilidad penal al exdirectivo del IHSS Benjamín Bográn.
El recurso se presentó contra la resolución dictada por el juez natural Elmer Lizardo, que declara con lugar una extensión planteada por la defensa del empresario. Por consiguiente, el juez le decretó el sobreseimiento provisional.
Ratificación
Los 13 exdirectivos del IHSS, acompañados de sus apoderados legales, acudieron ayer a la Corte Suprema para notificarse de la ratificación de medidas cautelares sustitutivas a la prisión que les impuso el juez Lizardo.
Los exdirectivos procesados tienen prohibido asistir a las oficinas del IHSS, no salir del país y comparecer los viernes a la Corte a firmar un libro.
Por este caso falta celebrar la audiencia preliminar.
Dos apelaciones presentó ayer la defensa del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Mario Roberto Zelaya. Pide que se revoquen resoluciones decretadas por tribunales de justicia.
En primer lugar, la defensa apeló el auto de formal procesamiento contra la resolución emitida por la jueza No 14, con la medida cautelar de prisión preventiva, que cumple en el Primer Batallón de Infantería.
El caso se relaciona con una supuesta sobrevaloración en la compra de pasajes aéreos a Estados Unidos para promover un programa de afiliación a migrantes.
Para ese efecto se invirtieron más de dos millones de lempiras en pasajes, viáticos y otros gastos de viaje. Según la acusación, siete funcionarios efectuaron los viajes, presuntamente con fines particulares y no oficiales.
La Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio Público acusa a Zelaya por suponerlo responsable de dos delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Según la defensa, Zelaya no participó en las cotizaciones ni en la compra de pasajes. Sostiene que el Tribunal Superior de Cuentas es el organismo facultado para investigar y proceder por este tipo de casos, no el Ministerio Público.
José Marcelino Vargas, defensor de Zelaya, interpuso el segundo recurso de apelación, en esta oportunidad contra la resolución emitida por el juez natural Elmer Lizardo de dictar auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Zelaya.
La Fiscalía lo acusa por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de fondos privados y públicos de pensiones y jubilaciones.
Los hechos se relacionan a dos transferencias aprobadas por la entonces directiva del IHSS, en marzo y junio de 2011, por un monto de 1,500 millones de lempiras. En una de ellas se autorizó consolidar una deuda del Régimen de Enfermedad y Maternidad frente al de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), por 942.7 millones de lempiras.
Según la defensa, en la audiencia inicial quedó plenamente acreditado que Zelaya no participó en ninguna de las reuniones en las que se aprobaron ambas transferencias.
Además, argumenta que la Ley del Seguro Social prevé que podía participar en las sesiones de la junta directiva con voz, pero sin voto. Por lo tanto, Zelaya no podía oponerse a la ejecución de dichas resoluciones. Si no cumplía ambas resoluciones, podía incurrir en el delito de desobediencia, explicó. Ambos recursos serán conocidos y resueltos por una Corte Especial de Apelaciones integrada por los magistrados Jorge Rivera Aviles, quien la preside, Edith María López y Víctor Manuel Lozano.
A juicio
Hay otra acusación incoada contra Zelaya que no fue apelada por la defensa. Se trata del requerimiento fiscal que le interpuso el Ministerio Público por suponerlo responsable de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio.
La Fiscalía lo señala por presuntamente recibir un soborno por un millón de dólares para agilizar el pago de un contrato a una empresa.
Por este caso, el Juzgado con Jurisdicción Nacional le decretó el auto de formal procesamiento, con prisión preventiva. La defensa no apeló tal resolución porque lo ven como una imputación que requiere mayor investigación, es más complicado, por lo que prefieren demostrar en juicio oral y público la inocencia de su representado.
“En este caso se prevé ir a juicio”, señaló el defensor. Dentro de 60 días se celebrará la audiencia preliminar en la cual se definirá elevar el caso a juicio oral.
Fiscalía apela
El Ministerio Público interpuso ayer una apelación en contra de la resolución que libera de responsabilidad penal al exdirectivo del IHSS Benjamín Bográn.
El recurso se presentó contra la resolución dictada por el juez natural Elmer Lizardo, que declara con lugar una extensión planteada por la defensa del empresario. Por consiguiente, el juez le decretó el sobreseimiento provisional.
Ratificación
Los 13 exdirectivos del IHSS, acompañados de sus apoderados legales, acudieron ayer a la Corte Suprema para notificarse de la ratificación de medidas cautelares sustitutivas a la prisión que les impuso el juez Lizardo.
Los exdirectivos procesados tienen prohibido asistir a las oficinas del IHSS, no salir del país y comparecer los viernes a la Corte a firmar un libro.
Por este caso falta celebrar la audiencia preliminar.
