San Pedro Sula, Honduras.
El tema de la dotación a los hondureños de un nuevo y moderno documento de identidad vuelve a surgir, tras la enésima extensión de la vigencia de la cédula, vencida ya en varias oportunidades, por lo que escuchamos las voces para urgir un cambio para mejorar, pese a las enormes dificultades identificadas por los técnicos.
La primera de todas, en esos tiempos de escasez de recursos, de corrupción y de débil credibilidad en instituciones y funcionarios, es el financiamiento del proyecto, cuyo costo ascendería a 800 millones de lempiras o más, con las necesidades, inconvenientes e imprevistos que vayan surgiendo en las labores a desarrollar en los próximos dos años.
De momento, como en toda operación de mercadeo, a los hondureños se nos están presentando las “muchas bondades” del documento, la primera de las cuales y, sin duda la más importante, es la seguridad de la tarjeta y la confidencialidad de los datos personales, propiedad de cada individuo, de los cuales solo en depositario el Registro Nacional de las Personas (RNP) del que se han filtrado o la institución misma ha proporcionado información no pedida por autoridades.
Ya hay identificación de las fuentes de financiamiento para quienes la transparencia en el manejo del capital a lo largo de todo el proceso, estudio, licitación, otorgamiento, contrato, cumplimiento de contrato y eficiencia en los trabajos, será condición sine qua non para respaldar un proyecto tan necesario que, sin embargo, no llega en su momento más oportuno, para todos los hondureños.
La dimensión electoral se ha hecho presente también, pues pese a la promesa de actualizar y depurar el censo para las elecciones y evitar que los muertos voten, “hay una enorme cantidad de personas que están muertas y no existe un mecanismo legal para poderlas sacar del censo”, advierte David Matamoros, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Con la cédula nueva las personas muertas quedarán fuera”.
Las bondades prometidas tienen un difícil camino tal como señala el director del RNP, Miguel Villeda Villela, quien asegura que hay 726 mil inconsistencias en la identificación individual, errores en la tarjeta comparados con los datos del registro civil que deben ser subsanados. Dos años con la parsimonia en la burocracia, con los enredos en los trámites, con los intereses a la sombra y con el hábito de dejar todo a última hora será muy corto el período, pues el formato conocido es algo así como iniciar de cero, personal y equipo, o peor, con los vicios del pasado emprender un novedoso proyecto.
El desafío está formulado, esperemos que lo enfrenten y, sobre todo, que de él estén alejado toda mano “peluda” partidista y del poder sectario.
