Tegucigalpa, Honduras.
En menos de tres meses, dos de los tres batallones de Honduras que fueron habilitados como centros de detención preventiva, ya se encuentran repletos.
Estas unidades militares fueron abiertas para evitar que aumentara el hacinamiento en los presidios.
En los últimos días, los jueces de diferentes instancias han enviado en condición de reclusos a varios civiles y militares acusados de asesinato, actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
En las últimas 72 horas, un juez penal envío a las celdas del Primer Batallón de Infantería al exjuez Jorge Alberto Mendoza Estrada, acusado por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad. También se remitió a los oficiales de las Fuerzas Armadas Elmer Eliázar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, acusados por el asesinato de los hermanos Zenia Maritza y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez.
Con el traslado de las tres personas a la instalación militar sumaban ya 13 los detenidos, por lo que las autoridades de la institución resolvieron enviar a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto (Pnmas), en Támara, a tres exagentes policiales acusados por el asesinato de dos mujeres.
En el Escuadrón Cobras, un juez resolvió enviar a ese recinto a Víctor Alfonso Flores, Karla Sinaí Ulloa y al mexicano Jesús Gumaru Jaime Estrada. A la fecha son nueve las personas recluidas, pero solo tiene espacio habilitado para seis presos.
Entre los detenidos están cinco presuntos cabecillas de la pandilla 18 y un supuesto narco pedido en extradición por Estados Unidos.
Fuentes ligadas al Instituto Penitenciario afirmaron que una vez que los centros no tengan más espacio, no pueden construirse más celdas, ya que no es un reclusorio.
“La ley es clara, son centros preventivos no cárceles y solo se puede tener un máximo de diez personas, ni una más”, explicó. Afirmó que antes de enviar más presos a esos centros, los jueces deben conocer primero si aún hay espacio, pero no enviarlos a su suerte.
En el caso de los tres agentes trasladados a Támara, se dijo que al momento en que ellos cometieron los crímenes no estaban en funciones, por lo que no corren ningún peligro, ya que el delito no fue realizado en el cumplimiento del deber.
En menos de tres meses, dos de los tres batallones de Honduras que fueron habilitados como centros de detención preventiva, ya se encuentran repletos.
Estas unidades militares fueron abiertas para evitar que aumentara el hacinamiento en los presidios.
En los últimos días, los jueces de diferentes instancias han enviado en condición de reclusos a varios civiles y militares acusados de asesinato, actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
En las últimas 72 horas, un juez penal envío a las celdas del Primer Batallón de Infantería al exjuez Jorge Alberto Mendoza Estrada, acusado por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad. También se remitió a los oficiales de las Fuerzas Armadas Elmer Eliázar Mejía Aguilar y José Luis Melgar Deras, acusados por el asesinato de los hermanos Zenia Maritza y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez.
Con el traslado de las tres personas a la instalación militar sumaban ya 13 los detenidos, por lo que las autoridades de la institución resolvieron enviar a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto (Pnmas), en Támara, a tres exagentes policiales acusados por el asesinato de dos mujeres.
En el Escuadrón Cobras, un juez resolvió enviar a ese recinto a Víctor Alfonso Flores, Karla Sinaí Ulloa y al mexicano Jesús Gumaru Jaime Estrada. A la fecha son nueve las personas recluidas, pero solo tiene espacio habilitado para seis presos.
Entre los detenidos están cinco presuntos cabecillas de la pandilla 18 y un supuesto narco pedido en extradición por Estados Unidos.
Fuentes ligadas al Instituto Penitenciario afirmaron que una vez que los centros no tengan más espacio, no pueden construirse más celdas, ya que no es un reclusorio.
“La ley es clara, son centros preventivos no cárceles y solo se puede tener un máximo de diez personas, ni una más”, explicó. Afirmó que antes de enviar más presos a esos centros, los jueces deben conocer primero si aún hay espacio, pero no enviarlos a su suerte.
En el caso de los tres agentes trasladados a Támara, se dijo que al momento en que ellos cometieron los crímenes no estaban en funciones, por lo que no corren ningún peligro, ya que el delito no fue realizado en el cumplimiento del deber.
