Tegucigalpa, Honduras.
La Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) propondrá una interpretación al Código Penal para que se castigue con la misma rigurosidad que a los funcionarios públicos a los empresarios y terceros que participaron en el saqueo de esa institución estatal.
La iniciativa, que será propuesta por el interventor y exdiputado pinuista German Leitzelar, busca aplicar penas mucho más severas a todas las personas que de forma directa e indirecta tuvieron alguna participación en el latrocinio del Seguro Social y en la sustracción ilegal de las aportaciones de miles de derechohabientes.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló la semana anterior que al menos 11 empresas “fantasmas o de maletín” participaron en el latrocinio de 332 millones de lempiras del Seguro Social a través de contratos amañados e inexistentes.
La Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) propondrá una interpretación al Código Penal para que se castigue con la misma rigurosidad que a los funcionarios públicos a los empresarios y terceros que participaron en el saqueo de esa institución estatal.
La iniciativa, que será propuesta por el interventor y exdiputado pinuista German Leitzelar, busca aplicar penas mucho más severas a todas las personas que de forma directa e indirecta tuvieron alguna participación en el latrocinio del Seguro Social y en la sustracción ilegal de las aportaciones de miles de derechohabientes.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló la semana anterior que al menos 11 empresas “fantasmas o de maletín” participaron en el latrocinio de 332 millones de lempiras del Seguro Social a través de contratos amañados e inexistentes.
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Estas sociedades de “portafolio” fueron creadas por el exdirector del IHSS Mario Zelaya, el exjefe de Compras y Suministros José Zelaya y el exgerente de Finanzas José Ramón Bertetty Osorio, pero estaban a nombre de sus cónyuges, amantes, subordinados, empresarios y amigos.
Se estima que el descomunal saqueo del Seguro Social implicó la sustracción irregular de más de 6,000 millones de lempiras, lo que significó el debilitamiento del patrimonio histórico de la institución en más de 32%.
La Comisión Interventora reveló en su primer informe que la institución perdió más de 1,600 millones de lempiras en contratos sobrevalorados y adjudicados a las empresas Distribuidora Metropolitana (Dimesa), Sistemas Abiertos S.A. y Cosem.
Solo estos tres contratos de suministros y servicios informáticos implicaron el desembolso de más de 4,000 millones de lempiras, que en este momento comprometen los ingresos y servicios médicos del IHSS porque todos los fondos van a parar a un fideicomiso para poder honrarlos.
La motivación
El miembro de la Comisión Interventora Roberto Carlos Salinas dijo que se está buscando que todos los involucrados en este escándalo de corrupción rindan cuentas a la justicia y reciban el mismo tratamiento jurídico que los exfuncionarios que ya se encuentran en prisión.
Actualmente guardan prisión en el Primer Batallón de Infantería por el escándalo del IHSS, el exdirector Mario Roberto Zelaya, el exgerente financiero Ramón Bertetty, el exviceministro de Trabajo Carlos Montes Rodríguez y el exsubsecretario de Salud Javier Pastor.
Con esta interpretación legal se pretende que los delitos de las otras personas que participaron en las irregularidades en el IHSS no queden en la impunidad y se les aplique a los responsables las penas que enfrentan los exfuncionarios antes mencionados, apuntó.Salinas lamentó que en este momento el Código Penal no establece penalidades similares para los exfuncionarios que cometieron abusos en el ejercicio de sus cargos y a los empresarios y terceros que sirvieron como testaferros.“El Código Penal no establece penas iguales para los empresarios o terceros y para los funcionarios públicos, eso nos pareció a nosotros a todas luces una falta de coherencia”, dijo.
En ese orden de ideas, el interventor comentó que su colega German Leitzelar estará elevando esta propuesta al Congreso Nacional a través del Poder Ejecutivo o un diputado de su partido, a efecto que se aplique con celeridad, ya que la interpretación tiene efecto retroactivo.
“Me imagino que va a pedir a alguien que le apoye a través de la Presidencia o algún diputado para que se interprete ese artículo de la ley para que se determine si son tan culpables, o se les aplique las mismas penas a las personas privadas y funcionarios públicos sobre los hechos de corrupción que se determinen”, apuntó.
Salinas justificó que está de acuerdo con esta interpretación jurídica porque a su juicio es “tan culpable el que mata la vaca como los que le amarran las patas”.
“En el caso del Seguro Social se dio casi lo mismo, amarraban la institución para que fuesen legalmente procedentes las licitaciones y los contratos, pero con una alta dosis de corrupción”, comparó.
Destacó que hasta este momento ya están presos todos los representantes del Estado ante la junta directiva del IHSS; pero ahora falta que la justicia alcance a los empresarios y testaferros que se coludieron con ellos para desfalcar a la institución.
Segundo informe
En relación al segundo informe de la Comisión Interventora, Salinas dijo que este no se presentó en su momento para evitar que muchos de los que ahí se mencionaban tuvieran la oportunidad de huir del país y evadir la justicia. En ese sentido, mencionó que la mayor parte de la información contenida en este segundo informe es la misma que se ha publicado ya en los medios de comunicación escritos, y cuyos principales hallazgos han sido entregados al Ministerio Público para que entable las acciones judiciales que en base a ley corresponden.
