Redacción.
Aunque parece más que evidente, no siempre resulta fácil demostrar la estrecha relación que existe entre la corrupción y la política. Los vericuetos jurídicos son infinitos y el laberinto procedimental puede resultar una verdadera jungla judicial. Los abogados lo saben, especialmente los que laboran en condición de fiscales en el Ministerio Público.
Las pruebas, en muchos casos, si no son contundentes serán desestimadas por el juez. En otros, siempre serán desestimadas a pesar de su contundencia y verosimilitud. Así funciona el sistema, para bien o para mal. Por supuesto, una situación semejante es fuente inagotable de impunidad y, por lo mismo, es factor que produce y reproduce acciones de corrupción. Algo así como una mesa redonda sobre un círculo vicioso.
De todas las definiciones de corrupción que he conocido, hay una que siempre me ha parecido la más gráfica y abarcadora. Describe a la corrupción como una plataforma sostenida sobre cuatro columnas. La primera representa al corruptor, es decir, el agente que introduce el virus de la corrupción, propone e induce el acto. La segunda refleja al corrupto, o sea, al agente que, inducido o no y abusando de sus espacios de poder institucional, comete el acto de corrupción y se beneficia directa o indirectamente del mismo. La tercera columna ilustra el sistema de impunidad judicial, que tolera, facilita o protege la comisión de los actos de corrupción, generando un clima propicio para su generación y reproducción infinita. Finalmente, y no por eso menos importante, la cuarta columna apunta hacia la tolerancia social, la permisividad indiferente o conducta cómplice de la sociedad hacia los corruptos. Las cuatro columnas, en su interrelación estrecha, conforman lo que suele llamarse un sistema de corrupción institucionalizada, punto de partida para la gradual desintegración ética del Estado y la sociedad.
En el más grande escándalo de corrupción de los últimos tiempos, el del Instituto Hondureño de Seguridad Social, es relativamente fácil comprobar la forma en que se vinculan unas a otras las cuatro columnas del sistema de corrupción que se ha institucionalizado en nuestro país. Pero no solo eso, también es dable identificar los lazos estrechos que hay entre las redes de la política local y el entramado estatal de las mafias oficiales de la corrupción. La una alimenta a la otra y ambas se tonifican y fortalecen mutuamente.
Los dineros sucios que fluyeron desde las fuentes corruptoras y corruptas del IHSS hacia las arcas de las comisiones de campaña electoral de determinado partido político, ayudan a entender el origen de esos millonarios recursos que fueron invertidos en el más reciente proceso electoral celebrado el año anterior, el más caro, dicho sea de paso, en la historia de las elecciones en Honduras. Desde que comenzó la campaña, mucho tiempo antes de su inicio legal y obligatorio, fluyeron millones y millones de lempiras para financiar la publicidad, los gastos de logística básica, el transporte, la movilización, el pago de los famosos “activistas” y la ya demostrada compra de votos. Todas estas prácticas clientelares, vicio arraigado en el sistema político y en el esquema de partidos, fueron financiadas en gran parte con recursos provenientes de los llamados “poderes fácticos informales”, términos elegantes y protocolarios para denominar al crimen organizado y a las mafias de la corrupción institucionalizada.
Las investigaciones que se llevan a cabo para desenredar el ovillo del IHSS ya han revelado pruebas de esos vínculos entre las pandillas políticas y los núcleos de la corrupción. El dinero robado, los bienes saqueados, los recursos ilegalmente extraídos del erario han ido a parar, a través de rutas sinuosas o por la vía directa de los depósitos bancarios, a las cuentas personales de dirigentes políticos, parientes, amigos o grupos de partidarios cuidadosamente disfrazados como “Asociaciones de amigos” de este o el otro candidato. Laberintos mercantiles con empresas falsas, facturas sobrevaloradas, mercancías falsificadas, en fin, toda una maraña de podredumbre y miseria moral en la que se combinan, en concubinato impúdico, los políticos tradicionales y los corruptos profesionales.¡ Vaya mezcla!
Ahora que algunos protagonistas de la trama mafiosa han empezado a caer en manos de la Policía, es el momento en que la sociedad y las diferentes organizaciones sociales debemos exigir con persistencia y energía suficientes el castigo de los culpables, tanto de los que son autores materiales directos como de aquellos que, ocultos tras el glamur de las élites empresariales y políticas, son los verdaderos autores intelectuales de este crimen contra el país entero.
