27/03/2024
08:08 PM

Térmicas deben ser investigadas por delitos contra la economía hondureña

Según el Código Penal de Honduras y expertos, esta falta en perjuicio del Estado será sancionada con reclusión de tres a 6 años.

Tegucigalpa, Honduras.

Después de que trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y el propio presidente, Juan Orlando Hernández, denunciaran el “chantaje” de las empresas de generación térmicas, juristas explicaron ayer que de comprobarse esta acción se debería proceder judicialmente por la comisión de delitos contra la economía.

Los r acionamientos programados de energía se anunciaron desde el pasado 4 de agosto por las autoridades de la Enee, quienes adujeron que los cortes eran por el intenso verano, cuyo calor provoca el aumento de consumo energético de las personas y sobrecalienta el equipo de la estatal.

Luego se conoció que había varias plantas térmicas paradas debido a la mora que tiene la Enee con las empresas generadoras que asciende a unos nueve mil millones de lempiras, siendo esta una medida de presión para que se les cancelara la mora, según denuncias de los miembros del sindicato de la Enee (Stenee).

Asimismo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dejó entrever el pasado domingo mediante cadena de radio y televisión que había un chantaje por las empresas térmicas. “Y lo repito nuevamente: no nos vamos a dejar chantajear por las empresas que producen energía térmica”, manifestó.

Ante esta situación, en la que los únicos perjudicados han sido los hondureños, LA PRENSA consultó a expertos en materia legal para determinar qué delitos caben en este problema energético. “Habría que ver cuando se trata de un delito de carácter que afecta a una persona y en este caso también podríamos ver otras figuras como delitos en contra del orden de la economía del país, falta que va en contra de todo el sistema social”, apuntó German Leitzelar, abogado y exdiputado.

Este delito es el que comenten aquellas personas que en el ejercicio o el ámbito de negocios o comercio proceden a efectuar acciones que tienden a socavar la economía del Estado.

Juan Carlos Barrientos, abogado y catedrático universitario, coincidió con Leitzelar en la falta que pudieron haber incurrido las térmicas; pero para aplicar la justicia solo se podría proceder si hay pruebas y que las autoridades inicien una investigación.

“Si se llegara a comprobar que efectivamente los racionamientos fueron provocados por la falta de suministro de las térmicas, allí cabe el delito contra la economía y la seguridad, porque la Enee, el Sanaa y Hondutel están consideradas como empresas de seguridad nacional”, expuso.

En cuanto al delito de extorsión, dijo que no puede ser tomado en este caso porque es una falta que consiste en que una persona pida a otra determinada cantidad de dinero a cambio de algo. “Pero en este caso particular, lo que ocurre es que el Gobierno tiene un deuda millonaria con las empresas térmicas. El no pagar las obligaciones implica la suspensión de los servicios, y eso está contemplado en cualquier convenio que se tenga con una persona”, apuntó Barrientos.

Contradicción

Añadió que las autoridades de la Enee tienen parte de culpabilidad en esta crisis, primero por las pérdidas que reportan, y segundo, por la falta de programación lo que provocó una contradicción en la determinación de las causas que llevaron a la crisis energética.

“Primero, el gerente de la Enee dijo que la causa era que no tienen planificado el esquema del fenómeno de El Niño y que ese escenario provocaba los apagones; y por otro lado dijo que era que no había búnker y que ya venia un barco con este carburantes, se contradice”, dijo. A Lorena Cálix, portavoz de la Fiscalía de contra la Corrupción, se le consultó si ya comenzó una investigación al respecto, a lo que respondió que hasta el momento no hay ningún pronunciamiento por parte de esta unidad de investigación.