Nueva York, Estados Unidos.
Mientras Argentina avanza a toda máquina hacia su segunda cesación de pagos en 13 años, en la prensa local ha ganado prominencia un villano conveniente: el juez de distrito estadounidense Thomas Griesa, de 83 años.
Tiras cómicas en diarios argentinos han ilustrado al juez con un buitre detrás suyo, acusándolo de acercarse a los bonistas que funcionarios del gobierno de Argentina llaman justamente “fondos buitre”. Un periodista que aparece en la televisión local afirmó que Griesa “no está bien de la cabeza”. Un aviso publicado por el gobierno en un diario culpó al juez —quien desde hace más de una década preside las disputas judiciales del gobierno con un grupo de acreedores— de empujar al país al borde del default.
Todas las miradas apuntan a Griesa hoy miércoles, cuando se vence la prórroga para que Argentina realice más de US$500 millones en pagos de deuda. Se considera poco probable que el país lleve a cabo los pagos, lo que pone en un punto crítico un enfrentamiento con fondos de cobertura que rechazaron las dos ofertas de reestructuración de deuda que hizo el país durante la última década.
En el centro de la disputa está el fallo que emitió Griesa en 2012 que prohíbe a Argentina pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes hasta que salde su deuda con los acreedores que se resistieron, conocidos como holdouts. Analistas legales señalan que esa decisión no tenía precedentes y el gobierno argentino asegura que lo pone en un costoso aprieto judicial. Un default podría marginar al país sudamericano de los mercados internacionales de crédito y perjudicar su economía, que ya atraviesa problemas.
“Este caso definirá su legado”, afirma Henry Weisburg, abogado de la firma Shearman & Sterling LLP que ha trabajado en casos que presidió Griesa.
El juez tiene jurisdicción sobre el caso porque en los años 90 Argentina acordó en algunos de sus contratos de bonos que dirimiría cualquier disputa en las cortes de Nueva York. Griesa prefirió no hacer comentarios sobre cualquier aspecto del proceso, pero la notoriedad es un desenlace inesperado para un jurista que en general ha mantenido un bajo perfil desde que fue nombrado hace cuatro décadas por el presidente estadounidense Richard Nixon.
Griesa toca el clavecín y prefiere almorzar lo mismo todos los días: sopa, una naranja y “habitualmente unas galletas”, dice. Desde hace 25 años pasa una semana durante el verano en Stratford, en Ontario, Canadá, para ver obras de Shakespeare con su esposa, Christine, con quien lleva casado 51 años. Personas que trabajaron para él afirman que es un jefe cálido y generoso.
La decisión de Griesa impidió que Argentina realizara un pago de intereses que vencía el 30 de junio. Un período de gracia de 30 días sobre ese pago se vence hoy. El juez afirmó que cualquier banco que ayude a Argentina a enviar pagos a los bonistas reestructurados estaría desacatando la orden de un tribunal de Estados Unidos.
Abogados indicaron que el fallo fue sorprendentemente severo y que marcó la primera vez que un juez estadounidense ha emitido una sentencia de este tipo según la llamada cláusula pari passu, que establece que todos los bonistas deben ser tratados de forma igualitaria.
El gobierno estadounidense respaldó a Argentina y calificó la decisión de Griesa de “inadmisiblemente amplia” y planteó temores sobre un deterioro de las relaciones internacionales de EE.UU. El Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones advirtieron que la decisión de Griesa podría facilitar que un puñado de acreedores interfiriera con los esfuerzos de un país por reducir su carga de deuda.
“Es sorprendente que una persona con una visión tan estrecha pueda alinearse con un pequeño grupo y tomar una decisión que tiene un impacto global”, afirma Eric LeCompte, director ejecutivo de Jubilee USA Network, que promueve el alivio de deuda de los países en desarrollo.
No obstante, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ratificó la decisión de Griesa y el mes pasado la Corte Suprema de EE.UU. rechazó escuchar la apelación de Argentina.
Quienes siguen el caso desde hace tiempo afirman que el juez fue justo y que, inicialmente, a menudo le dio a Argentina el beneficio de la duda. Varias veces suspendió sus sentencias para darle tiempo al país para presentar sus ofertas de reestructuración en 2005 y 2010.
“En los primeros años, Griesa de hecho cooperó bastante con el gobierno”, señala Gustavo Cañonero, un economista de Deutsche Bank que asistió a las primeras audiencias del juez sobre Argentina.
En mayo de 2005, Néstor Kirchner, el entonces presidente argentino, dijo que el país estaba “muy satisfecho” luego de que una corte de apelaciones ratificó la sentencia de Griesa que le permitía a Argentina continuar con la primera reestructuración.
Una de las mayores críticas que le han hecho al juez recientemente es que quizás no comprende del todo el alcance de sus sentencias. Durante una audiencia la semana pasada, parecía que el juez no sabía qué conjunto de bonos argentinos estaba afectado por su decisión. “Tal vez no haya cubierto cosas que deberían haber estado cubiertas”, dijo tras la audiencia. El lunes por la noche, emitió una orden que aclaró este tema.
Argentina ha hecho poco por ganarse la simpatía del juez. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios argentinos han comparado una y otra vez los esfuerzos de los holdouts con una extorsión y acusado al juez de abusar de su poder. También a lo largo de los años han desafiado o intentado evadir abiertamente sus fallos, incluyendo intentos de cambiar la jurisdicción de sus bonos de EE.UU. a Argentina.
“¿Qué hace un juez cuando lo están desafiando?”, se pregunta Mark Cymrot, un socio de BakerHostetler que representó a Perú en demandas entabladas por acreedores en los años 90. “Está haciendo lo natural, tratando de usar el poder que tiene para resolver esta situación”.
Nacido en 1930 en Kansas City, estado de Missouri, el juez Griesa fue designado en 1972. Previamente fue socio de la firma de abogados Davis Polk & Wardwell LLP en Nueva York. Obtuvo títulos en Harvard College y la Escuela de Derecho de Stanford, y vive en un apartamento en Manhattan con su esposa, a quien conoció en la iglesia.
En el tribunal Griesa puede parecer a veces de mal genio. En 1992, le dijo a la empresaria hotelera Leona Helmsley, al sentenciarla por evasión fiscal: “Es hora de que te vuelvas realista”.
Sin embargo, quienes lo conocen en privado afirman que es muy agradable.
“El hecho de que sea tan dulce y cálido podría ser una sorpresa para la gente”, señala Arthur Fergenson, quien trabajó para Griesa entre 1972 y 1973 y se mantiene en contacto con él. Fergenson ahora es asesor sénior de la firma de abogados Ansa Assuncao LLP.
Mientras Argentina avanza a toda máquina hacia su segunda cesación de pagos en 13 años, en la prensa local ha ganado prominencia un villano conveniente: el juez de distrito estadounidense Thomas Griesa, de 83 años.
Tiras cómicas en diarios argentinos han ilustrado al juez con un buitre detrás suyo, acusándolo de acercarse a los bonistas que funcionarios del gobierno de Argentina llaman justamente “fondos buitre”. Un periodista que aparece en la televisión local afirmó que Griesa “no está bien de la cabeza”. Un aviso publicado por el gobierno en un diario culpó al juez —quien desde hace más de una década preside las disputas judiciales del gobierno con un grupo de acreedores— de empujar al país al borde del default.
Todas las miradas apuntan a Griesa hoy miércoles, cuando se vence la prórroga para que Argentina realice más de US$500 millones en pagos de deuda. Se considera poco probable que el país lleve a cabo los pagos, lo que pone en un punto crítico un enfrentamiento con fondos de cobertura que rechazaron las dos ofertas de reestructuración de deuda que hizo el país durante la última década.
En el centro de la disputa está el fallo que emitió Griesa en 2012 que prohíbe a Argentina pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes hasta que salde su deuda con los acreedores que se resistieron, conocidos como holdouts. Analistas legales señalan que esa decisión no tenía precedentes y el gobierno argentino asegura que lo pone en un costoso aprieto judicial. Un default podría marginar al país sudamericano de los mercados internacionales de crédito y perjudicar su economía, que ya atraviesa problemas.
“Este caso definirá su legado”, afirma Henry Weisburg, abogado de la firma Shearman & Sterling LLP que ha trabajado en casos que presidió Griesa.
El juez tiene jurisdicción sobre el caso porque en los años 90 Argentina acordó en algunos de sus contratos de bonos que dirimiría cualquier disputa en las cortes de Nueva York. Griesa prefirió no hacer comentarios sobre cualquier aspecto del proceso, pero la notoriedad es un desenlace inesperado para un jurista que en general ha mantenido un bajo perfil desde que fue nombrado hace cuatro décadas por el presidente estadounidense Richard Nixon.
Griesa toca el clavecín y prefiere almorzar lo mismo todos los días: sopa, una naranja y “habitualmente unas galletas”, dice. Desde hace 25 años pasa una semana durante el verano en Stratford, en Ontario, Canadá, para ver obras de Shakespeare con su esposa, Christine, con quien lleva casado 51 años. Personas que trabajaron para él afirman que es un jefe cálido y generoso.
La decisión de Griesa impidió que Argentina realizara un pago de intereses que vencía el 30 de junio. Un período de gracia de 30 días sobre ese pago se vence hoy. El juez afirmó que cualquier banco que ayude a Argentina a enviar pagos a los bonistas reestructurados estaría desacatando la orden de un tribunal de Estados Unidos.
Abogados indicaron que el fallo fue sorprendentemente severo y que marcó la primera vez que un juez estadounidense ha emitido una sentencia de este tipo según la llamada cláusula pari passu, que establece que todos los bonistas deben ser tratados de forma igualitaria.
El gobierno estadounidense respaldó a Argentina y calificó la decisión de Griesa de “inadmisiblemente amplia” y planteó temores sobre un deterioro de las relaciones internacionales de EE.UU. El Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones advirtieron que la decisión de Griesa podría facilitar que un puñado de acreedores interfiriera con los esfuerzos de un país por reducir su carga de deuda.
“Es sorprendente que una persona con una visión tan estrecha pueda alinearse con un pequeño grupo y tomar una decisión que tiene un impacto global”, afirma Eric LeCompte, director ejecutivo de Jubilee USA Network, que promueve el alivio de deuda de los países en desarrollo.
No obstante, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ratificó la decisión de Griesa y el mes pasado la Corte Suprema de EE.UU. rechazó escuchar la apelación de Argentina.
Quienes siguen el caso desde hace tiempo afirman que el juez fue justo y que, inicialmente, a menudo le dio a Argentina el beneficio de la duda. Varias veces suspendió sus sentencias para darle tiempo al país para presentar sus ofertas de reestructuración en 2005 y 2010.
“En los primeros años, Griesa de hecho cooperó bastante con el gobierno”, señala Gustavo Cañonero, un economista de Deutsche Bank que asistió a las primeras audiencias del juez sobre Argentina.
En mayo de 2005, Néstor Kirchner, el entonces presidente argentino, dijo que el país estaba “muy satisfecho” luego de que una corte de apelaciones ratificó la sentencia de Griesa que le permitía a Argentina continuar con la primera reestructuración.
Una de las mayores críticas que le han hecho al juez recientemente es que quizás no comprende del todo el alcance de sus sentencias. Durante una audiencia la semana pasada, parecía que el juez no sabía qué conjunto de bonos argentinos estaba afectado por su decisión. “Tal vez no haya cubierto cosas que deberían haber estado cubiertas”, dijo tras la audiencia. El lunes por la noche, emitió una orden que aclaró este tema.
Argentina ha hecho poco por ganarse la simpatía del juez. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios argentinos han comparado una y otra vez los esfuerzos de los holdouts con una extorsión y acusado al juez de abusar de su poder. También a lo largo de los años han desafiado o intentado evadir abiertamente sus fallos, incluyendo intentos de cambiar la jurisdicción de sus bonos de EE.UU. a Argentina.
“¿Qué hace un juez cuando lo están desafiando?”, se pregunta Mark Cymrot, un socio de BakerHostetler que representó a Perú en demandas entabladas por acreedores en los años 90. “Está haciendo lo natural, tratando de usar el poder que tiene para resolver esta situación”.
Nacido en 1930 en Kansas City, estado de Missouri, el juez Griesa fue designado en 1972. Previamente fue socio de la firma de abogados Davis Polk & Wardwell LLP en Nueva York. Obtuvo títulos en Harvard College y la Escuela de Derecho de Stanford, y vive en un apartamento en Manhattan con su esposa, a quien conoció en la iglesia.
En el tribunal Griesa puede parecer a veces de mal genio. En 1992, le dijo a la empresaria hotelera Leona Helmsley, al sentenciarla por evasión fiscal: “Es hora de que te vuelvas realista”.
Sin embargo, quienes lo conocen en privado afirman que es muy agradable.
“El hecho de que sea tan dulce y cálido podría ser una sorpresa para la gente”, señala Arthur Fergenson, quien trabajó para Griesa entre 1972 y 1973 y se mantiene en contacto con él. Fergenson ahora es asesor sénior de la firma de abogados Ansa Assuncao LLP.
