Washington, Estados Unidos
La probabilidad de que los miles de menores de edad centroamericanos que han cruzado la frontera de EE.UU. en los últimos meses sean deportados es muy pequeña dado el atasco y el proceso burocrático que deben pasar para ser devueltos a sus países de origen, indicó hoy el diario Wall Street Journal.
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Según datos oficiales de agencias federales como el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, compilados por el diario, en el año fiscal 2013 solo fueron deportados 1.600 niños de los 3.525 que los tribunales habían ordenado.
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La avalancha de los últimos meses sitúa el número de menores aprehendidos desde octubre pasado, cuando se inició el año fiscal 2014, en más de 57.000 niños, la mayoría procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, y que han llegado solos a la frontera sur del país.
Por lo que es de esperar que el atasco administrativo solo aumente y provoque que muy pocos de ellos finalmente regresen a sus países, según el diario.
Según datos oficiales recopilados por el centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa, la cifra total de procesos pendientes en las cortes de inmigración de Estados Unidos alcanzó en junio los 375.503, lo que supone un récord histórico.
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Entre los motivos para el escaso número de deportaciones The Wall Street Journal cita también que algunos de los inmigrantes simplemente no acuden a las audiencias judiciales para examinar sus casos.
Hasta el 30 de junio pasado existían 41.382 casos pendientes sobre niños inmigrantes, frente a los 30.000 existentes nueve meses antes, lo que hace prever que la lista de espera continúe su incremento.
Los tiempos de espera para procesar los casos también se han extendido, según el informe del TRAC, y ahora la media de es de 587 días, es decir, más de un año y medio, mientras que el rotativo asegura que el tiempo medio de resolución de los casos, en total, es de entre 2 o 3 años.
El presidente de EE.UU., Barack Obama, solicitó este semana al Congreso un fondo de emergencia de 3.700 millones de dólares para paliar la crisis migratoria aumentando la vigilancia fronteriza, destinando más jueces a la revisión de los casos y ampliando la capacidad de los centros de detención de los menores centroamericanos. EFE
