Tegucigalpa, Honduras.
Agentes de la Policía Militar detuvieron este martes a María Elena Fonseca Cruz, exjueza del Juzgado de Ejecución de Trujillo, Colón, cuando ella se aprestaba a ingresar a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la capital.
El Ministerio Público solicitó al Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional librarle la orden de captura como parte de la acusación que le interpuso por suponerla responsable de incurrir en abuso de autoridad y prevaricato.
Los delitos los habría cometido al emitir la resolución de excarcelar al presunto narcotraficante Adán Montes Bobadilla el pasado 15 de noviembre.
La Fiscalía contra la Corrupción condujo la investigación de este caso, como parte operativa se delegó a la Policía Militar la misión de capturarla.
Testigos que observaron el operativo entre la CSJ y la Empresa Nacional de Artes Gráficas -donde se edita La Gaceta- se limitaron a decir que en cuestión de segundos varios policías armados se bajaron de un carro e interceptaron a Fonseca Cruz, le dirigieron unas palabras y la subieron al automotor y se la llevaron con rumbo hasta ese momento desconocido.
Después se supo que fue trasladada a una unidad militar adonde funciona el Cuartel General del Ejército y sede de la Policía Militar, salida a la aldea de Las Tapias. En ese lugar se mantuvo detenida mientras se celebraba la audiencia de declaración de imputado. A ese cuartel llegaron carros transportando defensores, fiscales y personal del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
“Sí tenemos claro que se otorgó una libertad (de Montes) en condiciones bajo las cuales no se debió haber hecho”, dijo el fiscal adjunto, Rigoberto Cuéllar.
Para el caso, ejemplificó que Montes Bobadilla cumplía una condena y que la jueza obvió dictámenes de Medicina Forense que acreditaban que Montes Bobadilla no padece de enfermedad terminal, que fue el argumento de la jueza para liberarlo. Esto provocó que la CSJ decidiera destituirla y ahora la acusara. La Fiscalía pidió que se le decrete la medida de detención judicial, que se siga el proceso penal y finalmente sea condenada. A la unidad militar acudieron Angie Villanueva y Luis Romero, defensores de Fonseca. Villanueva afirmó que Fonseca no incurrió en delitos.
Cuestionó que se violentó el proceso de la acusación, pues en este caso, de proceder, sería un antejuicio, ya que no existe una resolución que indique que Fonseca fue destituida del cargo de jueza. “Fue un mal actuar del Ministerio Público en presentar la acusación y que el juez se haya prestado a tal situación, no procede”, dijo. “Hay una mala intención de perjudicar a la señora (Fonseca)”, aclaró.
Deploró que Fonseca se dirigía a la CSJ a consultar sobre su caso cuando fue capturada. El otro defensor, Luis Romero, llegó a la CSJ a denunciar al juez con jurisdicción nacional por no tener facultades de conocer estos delitos, solo los ligados al crimen organizado.
Suspenden a cinco jueces por presuntas irregularidades
El Consejo de la Judicatura de Honduras suspendió hoy provisionalmente de sus cargos a cinco jueces por presuntas irregularidades en algunos casos y serán llamados a audiencias de descargo, informó una fuente judicial.
Melvin Duarte dijo a los periodistas que los jueces fueron suspendidos 'de manera provisional, mientras dure el proceso de investigación'.
Los jueces fueron suspendidos por el 'incumplimiento a algunas resoluciones de la Corte de Apelaciones, por participar en juicios en los cuales había un interés directo y otorgar medidas sustitutivas no permitidas', subrayó Duarte, sin dar más detalles del caso.
Los togados suspendidos son: Jesse Ventura, juez de letras seccional en la ciudad caribeña de La Ceiba; Mario Martínez, juez de Letras de lo civil en San Pedro Sula, norte; y Pedro Villanueva, juez en el departamento occidental de Ocotepeque, señaló la fuente.
Además, Guillermo Bustillo, coordinador del juzgado de Letras del departamento central de Comayagua y Mauricio Arriola, juez de Letras en Francisco Morazán.
Duarte señaló que el Consejo de la Judicatura continúa 'analizando muchos expedientes más' de jueces y empleados del Poder Judicial en todo el país centroamericano, aunque no precisó porque causas son investigados.
'Hay voluntad férrea por parte del Consejo de la Judicatura en el sentido de continuar estos procesos de depuración y velar porque se sanen las irregularidades en el Poder Judicial, pero sobre todo deducir las responsabilidades del caso', enfatizó.
