Ciudad de México, México.
Salieron en autobuses de pasajeros rumbo a la frontera soñando en su nueva vida pero regresaron a bordo de un tráiler con caja refrigerante que los depositó en una morgue.
La mayoría de los 196 cadáveres hallados en abril de 2011 en las fosas en San Fernando, Tamaulipas, eran de migrantes pobres asesinados a golpes; su vida no valió siquiera una bala. Al gobierno de Tamaulipas le preocupaba que la mala publicidad espantara el turismo y las inversiones. Alguien ordenó sacar del estado los cuerpos para tapar el escándalo publica Proceso de México.
La información está contenida en la serie de cables desclasificados que funcionarios estadunidenses enviaron de México a Washington entre 2010 y 2012.
En esos reportes queda claro que el gobierno mexicano estaba al tanto de los crímenes que cometían Los Zetas en San Fernando desde antes de la masacre de los 72 migrantes de agosto de 2010 y del hallazgo, al año siguiente, de las fosas comunes.
De los 72 fallecidos en 2010, 58 eran hombres y 14 mujeres provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil. El crimen se conoció gracias a que un ecuatoriano logró huir de los secuestradores y de la muerte, a pesar que le habían disparado, y reveló el lugar donde estaban abandonados los cadáveres.
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Los informes, obtenidos por la organización National Security Archive (NSA) con base en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés), revelan la colusión de funcionarios municipales, estatales y federales mexicanos con los criminales (la sospecha incluye a los exgobernadores Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores); la presencia de kaibiles en la zona y la petición de ayuda a Washington por parte de la cancillería mexicana para salvar la popularidad de Felipe Calderón, desplomada por aplicar una estrategia de combate contra las drogas (cofinanciada por Estados Unidos) que los mexicanos, y los propios funcionarios estadunidenses, consideraban como generadora de violencia.
Los reportes diplomáticos, confeccionados por distintas dependencias a partir de informantes, funcionarios mexicanos, análisis y notas de prensa, muestran que los cárteles controlaban parte de Tamaulipas, el sufrimiento de la población, el sometimiento de la prensa y la pantomima de un gobierno que simulaba llevar las riendas.
Cae implicado en masacre de migrantes
Un mexicano presunto traficante de personas vinculado a la muerte de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, fue detenido ayer en la Huasteca potosina.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó sobre la captura de Arturo Benítez Ramírez, de 59 años, tras el seguimiento a una denuncia ciudadana realizada en Axtla de Terrazas.
Después de varias investigaciones, los uniformados lograron el aseguramiento del individuo en las afueras de un hotel de dicha localidad la noche del sábado.
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Benítez Ramírez, con domicilio en Houston, Texas, pero originario del municipio de Landa de Matamoros en Querétaro, señaló que se encontraba en la Huasteca potosina para asistir a los festejos del Día de Muertos.
La corporación de seguridad detalló que al verificar los datos de Benítez Ramírez en Plataforma México, arrojaron que cuenta con un mandato federal vigente en Querétaro, por la muerte de 72 migrantes de diversas nacionalidades encontrados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas en 2010.
Además, también se le investiga por traficar con migrantes de territorio mexicano que buscan llegar a Estados Unidos.
Al detenido se le aseguró un vehículo Nissan Frontier LE, color roja, modelo 2012 con placas TC-1567-H de San Luis Potosí.
El detenido fue puesto a disposición de la Policía Ministerial Federal para los trámites correspondientes y continuar con las indagaciones pertinentes.
En el 2010, la ejecución de 72 ilegales en el municipio de San Fernando, ubicado al norte de la entidad, entre la carretera Victoria-Reynosa, aterrorizó a la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Tamaulipas es la entidad donde se han detectado más casos de secuestro de migrantes en los últimos años.
Otras entidades son Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Durango y Coahuila.
