Tegucigalpa, Honduras.
El Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra los 12 exmiembros de la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), acusados de autorizar un contrato sobrevalorado de compra, mantenimiento y reparación de equipos médicos.
Pero de los 12 imputados, siete se defenderán en libertad porque recibieron medidas distintas a la prisión al aceptar la judicatura fianzas o garantías y someterlos a controles para evitar su fuga.
La lectura de la resolución se hizo ayer luego de que el domingo finalizara la audiencia inicial.
La información fue confirmada por el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.
Los imputados que gozarán de la libertad condicional son José Humberto Lara e Hilario Espinoza, exdirectivos de la Central General de Trabajadores (CGT).
De igual manera, José Manuel Espinal, Armando Villatoro y Fabricio Valentín Vásquez, exrepresentantes de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (Cuth). También Óscar Arnaldo Carranza, exdirectivo del Colegio Médico de Honduras. Además, el exrepresentante del Cohep,
Benjamín Bográn.
Estos acusados estaban arrestados con detención judicial en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en Támara, Francisco Morazán, medida que se les había aplicado en audiencia de declaración de imputado hace una semana.
El juzgado resolvió que estos procesados se presenten dos veces por semana a una dependencia judicial a firmar un libro de control, no salgan de país y no visiten instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
De igual manera, se les impuso el pago de una fianza o la acreditación de una fianza.
El Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra los 12 exmiembros de la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), acusados de autorizar un contrato sobrevalorado de compra, mantenimiento y reparación de equipos médicos.
Pero de los 12 imputados, siete se defenderán en libertad porque recibieron medidas distintas a la prisión al aceptar la judicatura fianzas o garantías y someterlos a controles para evitar su fuga.
La lectura de la resolución se hizo ayer luego de que el domingo finalizara la audiencia inicial.
La información fue confirmada por el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.
Los imputados que gozarán de la libertad condicional son José Humberto Lara e Hilario Espinoza, exdirectivos de la Central General de Trabajadores (CGT).
| Los acusados fueron trasladados ayer al Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción de Tegucigalpa para escuchar la resolución que les permitirá, a la mayoría, defenderse en libertad.
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Estos acusados estaban arrestados con detención judicial en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en Támara, Francisco Morazán, medida que se les había aplicado en audiencia de declaración de imputado hace una semana.
El juzgado resolvió que estos procesados se presenten dos veces por semana a una dependencia judicial a firmar un libro de control, no salgan de país y no visiten instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
De igual manera, se les impuso el pago de una fianza o la acreditación de una fianza.
Los exrepresentantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Leonardo Villeda y Óscar Galeano, y el exdirigente de la Cuth, Luis Mayorga recibieron arresto domiciliario y vigilancia policial en sus domicilios. Esta condición se aplicó por ser mayores de 70 años.
Leonardo Villeda ya contaba con arresto domiciliario porque tiene una dolencia de salud.
Quienes continuarán tras las rejas son el exviceministro del Trabajo, Carlos Montes, y el exviceministro de Salud, Javier Pastor, presos en un batallón, adonde esperan sentencia por un juicio de coimas en el que recién fueron hallados culpables.
Los defensores legales de los acusados que guardan cárcel en Támara esperan que este día sus defendidos recobren su libertad.
El juzgado deberá indicar la fecha en la que se celebrará la audiencia inicial, que es en la que se resuelve si el caso se eleva a juicio oral y público.
La lectura de la audiencia estaba programada para las 11:00 am, pero se llevó a cabo a las 2:00 pm porque se retrasó la llegada de los acusados que estaban en Támara.
El abogado defensor Raúl Suazo confirmó que la defensa de los imputados fueron convocados a una reunión con los jueces en la que les notificaron la resolución.
“Fuimos convocados a una reunión para explicarnos que no nos iban a dar la resolución completa sino que solo un extracto de la parte resolutiva que era un auto de formal procesamiento”, dijo.
En las afueras del Juzgado en Materia de Corrupción, decenas de personas celebraron la decisión del juez lanzando cohetes y gritando consignas.
Investigación
El requerimiento fiscal fue presentado hace una semana por la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic), del Ministerio Público, que cuenta con la asistencia técnica de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
El caso es conocido como “Licitación fraudulenta del Seguro Social”.
A los enjuiciados se les acusó de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios por autorizar un contrato de $118 millones a Distribuidora Metropolitana S.A. (Dimesa) para la compra, mantenimiento y reparación de equipos médicos, que, según las investigaciones, fue sobrevalorado en un 114%.
El convenio original fue firmado en 2011 por $95.2 millones y en 2012 se hizo una adenda por $25 millones.
Según la tesis de la Ufecic, el IHSS solo contaba con una partida de $50 millones para la adquisición de estos equipos y servicios, pero los exdirectivos avalaron el contrato arriba de esa cifra.
De igual manera, parte del equipo no ha sido utilizado y se mantiene guardado en las bodegas del IHSS en San Pedro Sula, lo que de acuerdo con la entidad acusadora evidencia que la institución no requería todo el producto que compró. La junta interventora del Seguro Social, que inició funciones en 2014, anuló el contrato, de tal manera que solo se cancelaron $50 millones de los 118 millones de dólares.
Respaldo
El primer informe de intervención establece que “la inversión de equipo médico (proyecto Dimesa S.A.) no contó con el debido respaldo presupuestario. No tiene evidencia de una correcta afectación del presupuesto del IHSS del año 2011, respecto a la compra, mantenimiento y reparación de equipo”.
En la valuación al equipo de esta licitación pública se determinó, por ejemplo, que accesorios fueron comprados como equipos, lo que causó que el Instituto Hondureño de Seguridad Social pagara de más $419,654, según la investigación. Se observó en los expedientes-dice el informe- que se mantienen en la oficina del Hospital de Especialidades que hay negligencia por parte del área de ingeniería y mantenimiento y los operarios del equipo adquirido en vista que ignoran las especificaciones técnicas para el correcto funcionamiento de los mismos.
