Tegucigalpa, Honduras.
La comisión interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP) propuesta esta semana en el Congreso Nacional sustituirá al actual directorio de esa institución y tendrá amplias facultades para investigar el tráfico de identidades y otras anomalías denunciadas en esa dependencia registral, así como adoptar medidas concernientes a su personal.
Actualmente, el RNP cuenta con más de 1,500 empleados a nivel nacional y para el ejercicio fiscal de 2018 cuenta con una partida presupuestaria de 558.5 millones de lempiras.
La propuesta para intervenir el RNP fue introducida en la sesión del miércoles por el diputado democristiano Felícito Avila y se espera que será aprobada la próxima semana.
Propuesta
La medida tiene por objeto realizar una reestructuración, mejoramiento y optimización administrativa, técnica y gerencial en este organismo altamente cuestionado por múltiples irregularidades.
Además incluye una auditoría integral sobre el registro civil, los procedimientos de modificación en la inscripción de los ciudadanos e implementar técnicamente un sistema de depuración y actualización permanente de sus registros.
Diversos sectores plantearon que la intervención del RNP pasa por investigar las múltiples irregularidades reportadas en los últimos años como por ejemplo la venta irregular de identidades a ciudadanos sirios y palestinos expuesta en 2016 en una amplia investigación de diario LA PRENSA y el tráfico de esos documentos que se dio en el último proceso electoral.
Según el proyecto de decreto, la comisión interventora asume todas las funciones y atribuciones que legalmente le competen al director y subdirectores del RNP, quienes queda relevados de sus cargos y deberán cooperar con las investigaciones.
Omar Rivera, representante de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), consideró que esta instancia interventora deberá estar conformada por personas independientes que puedan enfrentar la práctica sistemática corrupta de muchos delincuentes que han usurpado la identidad de difuntos o que comercializan los documentos de identificación a inmigrantes de diversas nacionalidades que van a Estados Unidos o narcotraficantes que tienen más de una identidad concedidas por autoridades inexcrupulosas.
“Se debe garantizar la despolitización y una rigurosa depuración del Registro de las Personas a fin de de responder a la demanda generalizada de corregir ilegalidades y desactualizaciones, porque emitir una nueva tarjeta de identidad sobre la base del registro de datos actuales es barnizar las imperfecciones del sistema”, criticó.
Edgardo Casaña, diputado por Libertad y Refundación (Libre), consideró que el RNP ha sido utilizado para favorecer y manipular los intereses del bipartidismo, tomando en cuenta que es el encargado del censo electoral, las actualizaciones domiciliarias y la emisión de las tarjetas de identidad.
Recordó que en las pasadas elecciones, Libre perdió al menos seis alcaldías en Santa Bárbara por el tráfico de identidades y el traslado fraudulento de votantes a otras jurisdicciones para favorecer a candidatos oficialistas. “Nosotros esperamos que el RNP se democratice, y para esto la comisión Interventora deberá responder a un amplio espectro de fuerzas políticas y no seguir en esa repartición entre liberales y nacionalistas”, afirmó el legislador.
Dijo que Libre participará a través de su representante en la elaboración del dictamen del proyecto de decreto, pero corresponderá al directorio nacional de Libre determinar si pedirá participar como miembro de la comisión interventora.
Corrupción
Fernando Anduray, secretario del RNP, confirmó que los interventores sustituirán al actual directorio del organismo para ejecutar los mandatos del Congreso.
“La comisión interventora no va a llegar a investigar porque ya en el Registro hay suficiente información de las irregularidades que se producen, como, por ejemplo, con el nuevo sistema de auditoría en línea que se ha puesto en práctica se han estado despidiendo a tres o cuatro empleados al mes por actos de corrupción detectados en las funciones de los registros civiles municipales”, dijo.
Anduray indicó que hay una planificación estratégica para los próximos cinco años que no se ejecutó por falta de dinero, pero con el nombramiento de los interventores es posible que se asignen los fondos que se le negó al directorio para mejorar la situación del Registro de las Personas como institución de seguridad nacional.
“Creemos que se le va a dar a la comisión interventora el dinero que necesita para implementar las reformas, un dinero que siempre les negaron a las actuales autoridades”, lamentó. Anduray descartó un despido masivo de empleados del RNP, pero advirtió que se irán los que no han cumplido con su labor.
La comisión interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP) propuesta esta semana en el Congreso Nacional sustituirá al actual directorio de esa institución y tendrá amplias facultades para investigar el tráfico de identidades y otras anomalías denunciadas en esa dependencia registral, así como adoptar medidas concernientes a su personal.
Actualmente, el RNP cuenta con más de 1,500 empleados a nivel nacional y para el ejercicio fiscal de 2018 cuenta con una partida presupuestaria de 558.5 millones de lempiras.
La propuesta para intervenir el RNP fue introducida en la sesión del miércoles por el diputado democristiano Felícito Avila y se espera que será aprobada la próxima semana.
Propuesta
La medida tiene por objeto realizar una reestructuración, mejoramiento y optimización administrativa, técnica y gerencial en este organismo altamente cuestionado por múltiples irregularidades.
Además incluye una auditoría integral sobre el registro civil, los procedimientos de modificación en la inscripción de los ciudadanos e implementar técnicamente un sistema de depuración y actualización permanente de sus registros.
Diversos sectores plantearon que la intervención del RNP pasa por investigar las múltiples irregularidades reportadas en los últimos años como por ejemplo la venta irregular de identidades a ciudadanos sirios y palestinos expuesta en 2016 en una amplia investigación de diario LA PRENSA y el tráfico de esos documentos que se dio en el último proceso electoral.
Según el proyecto de decreto, la comisión interventora asume todas las funciones y atribuciones que legalmente le competen al director y subdirectores del RNP, quienes queda relevados de sus cargos y deberán cooperar con las investigaciones.
Omar Rivera, representante de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), consideró que esta instancia interventora deberá estar conformada por personas independientes que puedan enfrentar la práctica sistemática corrupta de muchos delincuentes que han usurpado la identidad de difuntos o que comercializan los documentos de identificación a inmigrantes de diversas nacionalidades que van a Estados Unidos o narcotraficantes que tienen más de una identidad concedidas por autoridades inexcrupulosas.
“Se debe garantizar la despolitización y una rigurosa depuración del Registro de las Personas a fin de de responder a la demanda generalizada de corregir ilegalidades y desactualizaciones, porque emitir una nueva tarjeta de identidad sobre la base del registro de datos actuales es barnizar las imperfecciones del sistema”, criticó.
Edgardo Casaña, diputado por Libertad y Refundación (Libre), consideró que el RNP ha sido utilizado para favorecer y manipular los intereses del bipartidismo, tomando en cuenta que es el encargado del censo electoral, las actualizaciones domiciliarias y la emisión de las tarjetas de identidad.
Recordó que en las pasadas elecciones, Libre perdió al menos seis alcaldías en Santa Bárbara por el tráfico de identidades y el traslado fraudulento de votantes a otras jurisdicciones para favorecer a candidatos oficialistas. “Nosotros esperamos que el RNP se democratice, y para esto la comisión Interventora deberá responder a un amplio espectro de fuerzas políticas y no seguir en esa repartición entre liberales y nacionalistas”, afirmó el legislador.
Dijo que Libre participará a través de su representante en la elaboración del dictamen del proyecto de decreto, pero corresponderá al directorio nacional de Libre determinar si pedirá participar como miembro de la comisión interventora.
Corrupción
Fernando Anduray, secretario del RNP, confirmó que los interventores sustituirán al actual directorio del organismo para ejecutar los mandatos del Congreso.
“La comisión interventora no va a llegar a investigar porque ya en el Registro hay suficiente información de las irregularidades que se producen, como, por ejemplo, con el nuevo sistema de auditoría en línea que se ha puesto en práctica se han estado despidiendo a tres o cuatro empleados al mes por actos de corrupción detectados en las funciones de los registros civiles municipales”, dijo.
Anduray indicó que hay una planificación estratégica para los próximos cinco años que no se ejecutó por falta de dinero, pero con el nombramiento de los interventores es posible que se asignen los fondos que se le negó al directorio para mejorar la situación del Registro de las Personas como institución de seguridad nacional.
“Creemos que se le va a dar a la comisión interventora el dinero que necesita para implementar las reformas, un dinero que siempre les negaron a las actuales autoridades”, lamentó. Anduray descartó un despido masivo de empleados del RNP, pero advirtió que se irán los que no han cumplido con su labor.
