Managua, Nicaragua.
Nicaragua registró hoy, por segundo día consecutivo, enfrentamientos entre quienes rechazan y apoyan las reformas aplicadas por el Gobierno de Daniel Ortega a la seguridad social, una violencia que el miércoles dejó al menos 8 heridos incluidos varios periodistas.
Los brotes de violencia se extendieron este jueves a las ciudades de Masaya (Pacífico) y Estelí (norte), tras haberse iniciado ayer en Managua y León (noroeste), con enfrentamientos a palos y piedras entre los grupos antagónicos y el lanzamiento de gases por parte de la Policía.
Pasado el mediodía de este jueves no había información confirmada de nuevos heridos, aunque en redes sociales hay imágenes de personas golpeadas, ni tampoco datos sobre detenidos.
Este jueves los principales enfrentamientos se han registrado en las sedes de algunas de las principales universidades públicas o subvencionadas de Nicaragua, como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la Universidad Nacional Agraria la Universidad Centroamericana (UCA), y la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
Representantes de la oficialista Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y personal administrativo obligó a los estudiantes becados a apoyar las medidas del Gobierno, ante lo cual se negaron.
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En sedes como la UNA los becados, junto con los estudiantes no oficialistas, se enfrentaron con palos y piedras a los que apoyan al Gobierno, quienes se reforzaron con motociclistas y encapuchados y a gozaron de la protección de la Policía Nacional, que lanzó balas de gomas y gases lacrimógenos a los estudiantes independientes.
En la víspera la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura F. Dogu, se mostró 'preocupada' por los sucesos.
'Preocupada por la violencia. Llamamos a la calma y que las fuerzas del orden respeten a los medios de comunicación y los derechos de los manifestantes', escribió Dogu en su cuenta en la red social Twitter.
Las medidas han sido criticadas por todos los sectores económicos, tanto empresariales como expertos, quienes afirman que las mismas, lejos de evitar la quiebra del seguro social, traerán desempleo e informalidad, a la vez que disminuirá el consumo, la competitividad y el clima de negocios.
