Bucarest, Rumanía.
Más de 16.000 personas se manifestaron hoy domingo, en varias ciudades de Rumanía contra una controvertida reforma del sistema judicial, que el Gobierno socialdemócrata pretende adoptar en el Parlamento en los próximos días.
'Unidos, salvamos toda Rumanía', 'Dimisión' y 'Nido de ladrones y mafiosos', gritaron unas 10.000 personas en Bucarest, la capital del país balcánico, donde en la protesta también participaron algunos líderes de la oposición de centro derecha, según informa la agencia local de noticias Agerpres.
'Lucharemos contra el Partido Socialdemócrata (PSD) en todos los frentes y aseguraremos las libertades de los ciudadanos y la independencia de la Justicia', dijo ante la prensa el líder del opositor Partido Nacional Liberal (PNL), L udovic Orban.
En otras ciudades del países, como Timisoara, Cluj-Napoca y Sibiu también salieron miles de personas a las calles para expresar su malestar con el ejecutivo del primer ministro, Mihai Tudose, informaron las emisoras locales.
'No entendemos cómo pretenden cambiar unas leyes que debilitan la lucha contra la corrupción. No es sólo una vergüenza hacerlo, sino también un delito', señaló a EFE Alex, un joven traductor de alemán.
Entre las propuestas destaca la reducción de las competencias de la fiscalía anticorrupción ( DNA), organismo que ya no podría investigar a los magistrados, y el control de la Inspección Judicial del Consejo Superior de Magistratura, el principal guardián que protege la independencia de la justicia.
Según los especialistas, la rapidez del debate en el Parlamento sobre la ley de la justicia se debe a que la Fiscalía Anticorrupción acusó en noviembre al líder del PSD, Liviu Dragnea, de crear un grupo criminal, abuso de poder e información falsa en un caso de malversación de fondos europeos.
Dragnea, quien también ocupa la función de presidente del Parlamento, fue condenado en 2016 a dos años de prisión sin cumplimiento por fraude electoral, una condena que le impidió presentarse como candidato a primer ministro en las elecciones legislativas de diciembre pasado, que su formación política ganó rozando la mayoría absoluta.
Más de 16.000 personas se manifestaron hoy domingo, en varias ciudades de Rumanía contra una controvertida reforma del sistema judicial, que el Gobierno socialdemócrata pretende adoptar en el Parlamento en los próximos días.
'Unidos, salvamos toda Rumanía', 'Dimisión' y 'Nido de ladrones y mafiosos', gritaron unas 10.000 personas en Bucarest, la capital del país balcánico, donde en la protesta también participaron algunos líderes de la oposición de centro derecha, según informa la agencia local de noticias Agerpres.
'Lucharemos contra el Partido Socialdemócrata (PSD) en todos los frentes y aseguraremos las libertades de los ciudadanos y la independencia de la Justicia', dijo ante la prensa el líder del opositor Partido Nacional Liberal (PNL), L udovic Orban.
En otras ciudades del países, como Timisoara, Cluj-Napoca y Sibiu también salieron miles de personas a las calles para expresar su malestar con el ejecutivo del primer ministro, Mihai Tudose, informaron las emisoras locales.
'No entendemos cómo pretenden cambiar unas leyes que debilitan la lucha contra la corrupción. No es sólo una vergüenza hacerlo, sino también un delito', señaló a EFE Alex, un joven traductor de alemán.
Entre las propuestas destaca la reducción de las competencias de la fiscalía anticorrupción ( DNA), organismo que ya no podría investigar a los magistrados, y el control de la Inspección Judicial del Consejo Superior de Magistratura, el principal guardián que protege la independencia de la justicia.
Según los especialistas, la rapidez del debate en el Parlamento sobre la ley de la justicia se debe a que la Fiscalía Anticorrupción acusó en noviembre al líder del PSD, Liviu Dragnea, de crear un grupo criminal, abuso de poder e información falsa en un caso de malversación de fondos europeos.
Dragnea, quien también ocupa la función de presidente del Parlamento, fue condenado en 2016 a dos años de prisión sin cumplimiento por fraude electoral, una condena que le impidió presentarse como candidato a primer ministro en las elecciones legislativas de diciembre pasado, que su formación política ganó rozando la mayoría absoluta.
