San Salvador.
Un conglomerado de organizaciones sociales pidieron hoy la finalización de una ofensiva gubernamental contra las pandillas en El Salvador por el incremento en las violaciones a derechos humanos que, aseguran, ha propiciado.
En 2016, el Ejecutivo lanzó una serie de 'medidas extraordinarias' de seguridad para reducir los asesinatos que en ese año y en 2015 marcaron índices históricos con tasas de 81,7 y 103 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
'Esto ha llevado, nosotros lo hemos verificado de manera constante y sistemática, a una actuación policial y militar bastante irregular, donde los abusos hacia la población es parte cotidiana de su accionar', dijo a Efe Verónica Reyna, representante del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
A las medidas gubernamentales, que incluyen el endurecimiento del sistema carcelario para pandilleros y un mayor despliegue militar en las calles, el Gobierno atribuye una baja de los asesinatos de más del 27 % en lo que va del 2017, en comparación con 2016.
Reyna sostuvo que esta disminución se pudo dar por una 'tregua' entre los grupos, que 'les permitió tener cierto control de los índices de homicidios', casi simultáneo con el lanzamiento de la ofensiva.
La activista de derechos humanos acotó que estas medidas 'han generado en la población la idea de que le pueden vulnerar sus derechos' los cuerpos de seguridad porque 'estamos en una situación extraordinaria'.
'Este proceso ha sido acompañado de un respaldo hacia la Policía a usar la fuerza y las armas letales sin vigilancia, sin control alguno y eso ha llevado a la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales' y 'creemos que no son hechos aislados', subrayó.
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Señaló que la utilización de más de 13.000 soldados en labores de seguridad pública les ha dado 'capacidad política y estratégica dentro de la Policía', que 'se siente desafiada por parte de la Fuerza Armada para ser más fuerte, estricta y autoritaria al momento de operar en las comunidades'.
'La actuación policial y militar en el marco de las medidas extraordinarias ha generado una fuerte vulneración a los derechos de la población, a la gente que está en situación de vulnerabilidad y exclusión en comunidades con presencia de pandillas', señaló.
Reyna lamentó que el endurecimiento del régimen de seguridad en las prisiones ha llevado a duplicar la cifras de reclusos muertos por problemas de salud, pasando de 60 en todo el 2016 a 126 en lo que va del 2017.
Esta situación será denunciada por 21 organizaciones sociales ante el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra'ad Al Hussein, quien se reunirá con el presidente de este país.
Datos de las organizaciones dan cuenta de que en los últimos años se han dado unas 114 supuestas ejecuciones extrajudiciales y han fallecido más de 1.000 personas en supuestos enfrentamientos armados entre pandilleros y policías, una tasa de 25 civiles muertos por cada uniformado caído.
