Tegucigalpa, Honduras
El nuevo Arancel del Profesional del Derecho agarró desprevenida a la ciudadanía hondureña luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta, en el que se reveló los cobros extraordinarios que el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) interpuso hasta por la compra de timbres de litigación por 200 lempiras cada uno cuando antes eran gratis.
La normativa, que no fue aprobada por el Congreso Nacional, aumentó el costo de todos los servicios que un abogado presta por muy sencillo que este sea, como la presentación de demandas, las que necesitan de timbres.
Los aumentos en servicios van entre 2,000 lempiras hasta más de L25,000.
“La aprobación del Arancel la hizo la junta directiva del CAH. Está bien que el Colegio vele por el gremio, pero lo que no se acepta bajo ningún punto es que se violente el derecho de terceras personas. Este nuevo Arancel dice que por cada demanda que se presente en los juzgados, el interesado debe pagar 200 lempiras”, explicó el abogado Jorge Cálix, litigante activo en los tribunales de justicia.
Para el profesional del derecho, la imposición del CAH atenta con el principio de gratuidad de la justicia, contra el derecho de petición y contra la tutela judicial efectiva.
“Lo de la tutela judicial efectiva significa que todo ciudadano tiene derecho a acudir a una Corte a hacer una solicitud cualquiera”, agregó Cálix, quien también es diputado.
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Onerosos
Hasta hace unos días, interponer demandas y recursos ante los tribunales era gratuito y los honorarios del representante legal no eran onerosos.
El nuevo Arancel del Abogado llegó a cambiar las reglas justificándose en el costo de la vida y el alto índice inflacionario, según el presidente de este gremio, José María Díaz.
Al conocer el descontento de la población, la principal afectada con los cobros, Díaz se comprometió en sus redes sociales a eliminar el cobro de los timbres.
“Me comprometo a la no implementación de los timbres de procuración y de litigación aprobados en la asamblea. De igual forma mocionaré para que los mismos sean derogados del Arancel para tranquilidad del pueblo hondureño y de la comunidad jurídica”.
Para la abogada Doris Gutiérrez, también diputada, la junta directiva del CAH se olvidó de la situación económica que se vive en Honduras. “Esto va a tener un efecto tremendo en la población. Es una barbaridad lo que han hecho, así hicieron con la emisión de auténticas. Han olvidado la responsabilidad social, lo que toca es a consultorios gratis”.
