Tegucigalpa, Honduras.
Autoridades hondureñas desplegaron este miércoles un gran operativo contra el crimen organizado que condujo a la detención de ocho personas y la confiscación de 32 propiedades de bandas delictivas, responsable de la ola de violencia que vive el país, anunció la fiscalía.
El Ministerio Público (fiscalía) indicó en un comunicado que se 'ejecutan acciones para combatir las bandas de dedicadas al tráfico de drogas mediante fachada de empresas de transporte' en Comayagua (centro), Choluteca (sur) y Tegucigalpa.
Al menos ocho personas fueron detenidas, incluyendo tres involucrados en el tráfico de 743 kilos de cocaína confiscados en un vehículo en 2014 y tres pandilleros, según la fiscalía.
Añadió que en el marco del operativo 'se investiga la malversación de caudales públicos' con dineros retenidos a empleados de varias alcaldías, al tiempo que se hicieron 'inspecciones en ministerios por compras sobrevaloradas y contratos irregulares (concedidos) a proyectos hidroeléctricos'.
También, se llevaban a cabo inspecciones en 'postas policiales, centros penales, asilos de ancianos donde se determina qué trato que se da al ciudadano', subrayó.
Autoridades hondureñas desplegaron este miércoles un gran operativo contra el crimen organizado que condujo a la detención de ocho personas y la confiscación de 32 propiedades de bandas delictivas, responsable de la ola de violencia que vive el país, anunció la fiscalía.
El Ministerio Público (fiscalía) indicó en un comunicado que se 'ejecutan acciones para combatir las bandas de dedicadas al tráfico de drogas mediante fachada de empresas de transporte' en Comayagua (centro), Choluteca (sur) y Tegucigalpa.
Al menos ocho personas fueron detenidas, incluyendo tres involucrados en el tráfico de 743 kilos de cocaína confiscados en un vehículo en 2014 y tres pandilleros, según la fiscalía.
Añadió que en el marco del operativo 'se investiga la malversación de caudales públicos' con dineros retenidos a empleados de varias alcaldías, al tiempo que se hicieron 'inspecciones en ministerios por compras sobrevaloradas y contratos irregulares (concedidos) a proyectos hidroeléctricos'.
También, se llevaban a cabo inspecciones en 'postas policiales, centros penales, asilos de ancianos donde se determina qué trato que se da al ciudadano', subrayó.
