Ciudad de Guatemala.
La oleada de críticas en las redes sociales no se hizo esperar, aunque también hubo quien demostró su apoyo a la empresa, que se disculpó públicamente reconociendo, en parte, los hechos.
Este solo es un ejemplo de una realidad palpable en datos. Los pueblos indígenas, la mitad de la población, ven relegada su cultura y su identidad: son pocas las mujeres -y menos los hombres- que pasean por los glamurosos centros comerciales de la capital y casi ninguna la que se viste con ropas que definen su ser y sentir. Como si Guatemala quisiera borrar parte de lo que es.
En este círculo vicioso juega un papel determinante la exclusión y la pobreza. Sin posibilidad de recibir educación en sus idiomas maternos y con un escaso acceso la sanidad o la Justicia, la sociedad indígena termina marginada y relegada a trabajos de baja calificación como tortillerías o servicios domésticos.
El resultado: el 79,2 % de los indígenas vive en situación de pobreza, con menos de 1.339 dólares al año, frente al 46,6 % de los mestizos. Pero la inversión pública tampoco es paritaria. En 2015, por cada quetzal (14 centavos de dólar) invertido en los pueblos no originarios, el Estado tan solo destinó 33 centavos (4 centavos de dólar) en los pueblos indígenas. Tres veces menos.
El derecho a la consulta de los pueblos indígenas es otro claro ejemplo. El Gobierno presentaba esta semana 'una hoja de ruta', pero lo cierto es que aún no hay una legislación sobre este aspecto, tal y como establece el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que Guatemala ha ratificado y obviado desde 1997.
Son muchos los pueblos y comunidades que han protestado durante años contra megaproyectos, mineros o hidroeléctricos, denunciando que no habían sido consultados y que no quieren esas construcciones en sus territorios.
Esta guía, que supuestamente se va a utilizar como base para crear la norma, tal y como ordenaron varias sentencias del Constitucional, también ha sido criticada por varias comunidades, que aseguran que no fueron tomadas en cuenta y que, por ende, presentarán las respectivas quejas.
El Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, uno de los 12 Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de una sanguinaria guerra civil con más de 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, reconocía la identidad de los pueblos Maya, Xinca y Garífuna.
Una serie de incidentes racistas y la vieja pero olvidada obligación de consultar a los pueblos indígenas han devuelto la cuestión racial al centro de la vida pública de Guatemala, un país que enfrenta el reto de la diversidad desde el racismo, la discriminación, la exclusión y la pobreza.
El más reciente de los incidentes, pero no el único, se desató esta semana. El foco estuvo puesto en 'María Chula', una tienda en línea de camisas con tejidos mayas -güipiles-.
La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra) hacia los Pueblos Indígenas en Guatemala denunció a esta empresa por usar un lenguaje discriminatorio hacia las mujeres mayas. A simple vista puede pasar desapercibido.
Según explica en su resolución, 'María' es un nombre que se utiliza de forma común para referirse a mujeres que visten el traje maya anulando su identidad individual -'vos María'- y 'Chula' se usa para llamar, de forma 'despectiva', a las empleadas domésticas.
La oleada de críticas en las redes sociales no se hizo esperar, aunque también hubo quien demostró su apoyo a la empresa, que se disculpó públicamente reconociendo, en parte, los hechos.
Este solo es un ejemplo de una realidad palpable en datos. Los pueblos indígenas, la mitad de la población, ven relegada su cultura y su identidad: son pocas las mujeres -y menos los hombres- que pasean por los glamurosos centros comerciales de la capital y casi ninguna la que se viste con ropas que definen su ser y sentir. Como si Guatemala quisiera borrar parte de lo que es.
En este círculo vicioso juega un papel determinante la exclusión y la pobreza. Sin posibilidad de recibir educación en sus idiomas maternos y con un escaso acceso la sanidad o la Justicia, la sociedad indígena termina marginada y relegada a trabajos de baja calificación como tortillerías o servicios domésticos.
El resultado: el 79,2 % de los indígenas vive en situación de pobreza, con menos de 1.339 dólares al año, frente al 46,6 % de los mestizos. Pero la inversión pública tampoco es paritaria. En 2015, por cada quetzal (14 centavos de dólar) invertido en los pueblos no originarios, el Estado tan solo destinó 33 centavos (4 centavos de dólar) en los pueblos indígenas. Tres veces menos.
El derecho a la consulta de los pueblos indígenas es otro claro ejemplo. El Gobierno presentaba esta semana 'una hoja de ruta', pero lo cierto es que aún no hay una legislación sobre este aspecto, tal y como establece el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que Guatemala ha ratificado y obviado desde 1997.
Son muchos los pueblos y comunidades que han protestado durante años contra megaproyectos, mineros o hidroeléctricos, denunciando que no habían sido consultados y que no quieren esas construcciones en sus territorios.
Esta guía, que supuestamente se va a utilizar como base para crear la norma, tal y como ordenaron varias sentencias del Constitucional, también ha sido criticada por varias comunidades, que aseguran que no fueron tomadas en cuenta y que, por ende, presentarán las respectivas quejas.
El Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, uno de los 12 Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de una sanguinaria guerra civil con más de 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, reconocía la identidad de los pueblos Maya, Xinca y Garífuna.
Pero además establecía la necesidad de adoptar una serie de medidas para desarraigar la opresión y la marginación que han padecido los pueblos indígenas y que les ha negado el pleno ejercicio de sus derechos, como una reforma de la Constitución o el fin de la discriminación.
Sin embargo, la persistente desnutrición y el analfabetismo, los conflictos de tierras, la falta de acceso a servicios básicos y a la política, la explotación del petróleo, la minería de metales y la energía hidroeléctrica dejan patente que esto no se ha hecho y que las consecuencias no son iguales para los indígenas y no-indígenas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya lo advirtió en 2016: persisten 'formas contemporáneas de esclavitud'.
Guatemala es un país de contrastes y hoy en día aún persiste el grupo del 'nosotros' y los que se quedan como los 'otros'. Un racismo enquistado y democratizado en todos los estratos de la sociedad que hace que, dos décadas después, el país aún deambule por las promesas olvidadas de la paz.
