Miami, EUA.
Giménez, que en diciembre de 2014 había ordenado no seguir esas directivas de
ICE, cambió de opinión este año como respuesta a las amenazas del presidente
Donald Trump de reducir recursos federales a las jurisdicciones que no colaboren con las autoridades migratorias en asuntos que no son de obligatorio cumplimiento.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida demandó hoy al alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, por la detención prolongada e inconstitucional de un joven estadounidense de origen hondureño, que fue considerado un extranjero 'deportable'.
La demanda sostiene que Garland Creedle, de 18 años y ciudadano estadounidense, fue arrestado en marzo pasado por una disputa doméstica y, aunque no le presentaron cargos, lo mantuvieron detenido por orden de Inmigración.
En la querella, a nombre de Creedle, ACLU cuestiona la política de Giménez, quien en enero pasado ordenó a la Policía cumplir con las solicitudes de detención prolongada de Inmigración, y lo insta a revertirla.
'Aunque Creedle tenía derecho a ser liberado inmediatamente después de pagar una fianza, los funcionarios de Miami-Dade lo mantuvieron en la cárcel basado en la suposición de que él era un extranjero deportable', señaló ACLU.
Las polémicas órdenes de detención emitidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que no son de obligatorio cumplimiento, han estado en el centro de discusión de las llamadas 'ciudades santuario' y han sido declaradas 'inconstitucionales' por algunas cortes de Estados Unidos.
'Advertimos al condado sobre los peligros que representa la decisión prematura de ceder a las amenazas antiinmigrantes de la administración Trump', dijo Amien Kacou, abogado de ACLU.
Señaló que el condado de Miami-Dade debe 'negarse a servir como herramienta de la excesiva política de inmigración'.
ACLU señala que por ley se requiere una 'orden judicial', no simplemente una 'solicitud de un funcionario federal' para detener de forma prolongada a una persona en la cárcel.
La demanda fue presentada por ACLU y la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami y un bufete de abogados del sur de Florida. EFE
