Austin, Estados Unidos.
Además de estas grandes urbes, los condados fronterizos de El Paso y el de Maverick y el pueblo también limítrofe de El Cenizo ya han pedido a la
Justicia estadounidense que bloquee esta ley, que ha sido catalogada de 'inconstitucional y racista' por sus detractores.
Después de la votación de hoy, los representantes públicos de
Houston estudiarán una versión preliminar de la demanda el próximo lunes, informó hoy el medio local
Houston Chronicle.
Asimismo, contempla penas de cárcel para los
sheriffs que estén a cargo de las oficinas de los distritos que no cooperen con las autoridades federales, así como sanciones económicas que alcanzan los 25,000 dólares.
El concejo municipal de Houston, la ciudad más grande de Texas y la cuarta de EE.UU., aprobó hoy unirse a la batalla legal contra el estado de la estrella solitaria por la ley que prohíbe las 'ciudades santuario', ratificada hace casi dos meses por el gobernador sureño, el republicano Greg Abbott.
Después de una ajustada votación (10-6), el ayuntamiento decidió unirse a otras ciudades texanas, como Austin y San Antonio, que ya han presentado una demanda contra Texas en los tribunales estadounidenses, y Dallas, que aprobó a principios de junio tomar también acciones legales en esta cuestión.
Así, las cuatro grandes ciudades de ese estado sureño intentarán parar por la vía legal la ley SB4 antes de que entre en efecto el próximo 1 de septiembre, fecha en la que debería entrar en vigor según estipulan las reglas de la Legislatura texana.
Esta controversial ley prohibirá las 'ciudades santuario' en Texas y permitirá a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico.
Esta cláusula, conocida popularmente como 'enséñame los papeles', es la parte de la legislación que los demandantes consideran que vulnera claramente la Constitución de Estados Unidos.
El área metropolitana de Houston concentra la tercera población más grande de indocumentados del país, después de Nueva York y Los Ángeles, según datos del Pew Research Center.
La ley SB4 penaliza a los Gobiernos locales y a las universidades de Texas que decidan no cumplir las leyes migratorias federales para favorecer la situación de los indocumentados y permite a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida.
Las organizaciones proderechos de los hispanos, como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), el Fondo México Estadounidense para la Defensa Legal (Maldef), la Asociación de Chicanos en Educación Superior de Texas o La Unión del Pueblo Entero (Lupe), se han unido en la batalla legal contra la norma.
Otros grupos de defensa de los derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) y el Proyecto de Defensa de Trabajadores, también tienen un rol protagonista en esta batalla legal. EFE
