Miami, Estados Unidos.
Dos congresistas republicanos presentaron el martes una iniciativa de ley que tiene como objetivo darle a los estados más poderes para ejecutar la ley federal de inmigración, reportó en su sitio web Univisión..
El plan, patrocinado por los representantes Raúl Labrador (Idaho, vicepresidente de la Subcomisión de Inmigración y Seguridad Fronteriza) y Bob Goodlatte (Virginia, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes), se enfoca en la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales, pero también deja en el banquillo al resto de indocumentados.
Bautizada Ley Davis-Oliver ( HR 2431), en honor a dos policías asesinados en 2014 por un indocumentado en Sacramento, California, el proyecto será debatido hoy por el subcomité judicial de la Cámara de Representamtes.
Esta iniciativa salió a luz el mismo día que se conoció que los legisladores republicanos Jon Cornyn y Michael McCaul (ambos de Texas) elaboran un plan que castigará con al menos cinco años de cárcel el reingreso indocumentado en EUA. También permite que los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional “retengan fondos” a las “ciudaddes santuario”.
Dos congresistas republicanos presentaron el martes una iniciativa de ley que tiene como objetivo darle a los estados más poderes para ejecutar la ley federal de inmigración, reportó en su sitio web Univisión..
El plan, patrocinado por los representantes Raúl Labrador (Idaho, vicepresidente de la Subcomisión de Inmigración y Seguridad Fronteriza) y Bob Goodlatte (Virginia, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes), se enfoca en la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales, pero también deja en el banquillo al resto de indocumentados.
Bautizada Ley Davis-Oliver ( HR 2431), en honor a dos policías asesinados en 2014 por un indocumentado en Sacramento, California, el proyecto será debatido hoy por el subcomité judicial de la Cámara de Representamtes.
Esta iniciativa salió a luz el mismo día que se conoció que los legisladores republicanos Jon Cornyn y Michael McCaul (ambos de Texas) elaboran un plan que castigará con al menos cinco años de cárcel el reingreso indocumentado en EUA. También permite que los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional “retengan fondos” a las “ciudaddes santuario”.
