Tegucigalpa, Honduras.
La fuga de los 23 pandilleros de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de Támara es un acontecimiento que evidencia el poder que ostentan las maras dentro de esta prisión y el alto nivel de corrupción y negligencia de las autoridades internas.
A finales de febrero, periodistas de la Unidad de Investigación de Diario LA PRENSA ingresaron a los módulos donde albergan los reos miembros de las maras 18 y MS-13, y constataron que estos delincuentes han logrado, con el transcurrir del tiempo, consolidar un gobierno ilegal para cumplir las condenas bajo sus propias condiciones.
La veintena de reos fugados eran miembros de la pandilla 18 y todos estaban recluidos en el módulo llamado Escorpión, donde ellos gozan de la libertad hasta para cultivar marihuana.
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En Escorpión hay unos 500 reos (11% del total de la población penitenciaria de Támara, que es 4,960) y todos ellos purgan las penas en pequeños cuartos equipados con televisores, camas, ventiladores y otros objetos que no son propios de un sistema carcelario.
Periodistas de LA PRENSA constaron en febrero que las puertas de los cuartos no son láminas metálicas gruesas o barrotes (como las de El Pozo y El Pozo 2), sino cortinas compradas con el dinero obtenido mediante la extorsión.
Dentro del módulo Escorpión, los pandilleros tienen refrigeradores, aires acondicionados y equipo de gimnasio para hacer ejercicio, el cual han ingresado con la colaboración de custodios y de las autoridades de la cárcel, cuyo director, César Nájera, fue suspendido el sábado tras la fuga. En la cocina de este módulo, los periodistas observaron sacos de harina, arroz, cajas de refrescos, cuchillos, productos enlatados y otros alimentos que no están dentro del régimen oficial del sistema carcelario.
 Este es uno de los pasillos del módulo Escorpión. Cada puerta corresponde a un cuarto, en el que vive un reo.
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Todos estos productos, más cocaína, dinero y armas, han ingresado por la puerta principal con la colaboración de los custodios, según exmiembros de la 18 consultados por LA PRENSA.
La fuga de los pandilleros de la 18 no es un caso insólito, pues sucedió dentro de una cárcel corrupta, donde ellos han impuesto sus reglas de “no oigo”, “no miro” y “no hablo”, las cuales, también son aceptadas y acatadas por las autoridades internas.
Esos reos de alta peligrosidad para la sociedad se escaparon en el momento que los custodios de El Pozo 2 recibían las últimas capacitaciones y las autoridades se aprestaban a planificar nuevos traslados masivos. Para Carlos Hernández, presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y representante de Transparencia Internacional (TI), la fuga de los pandilleros “no tiene otra explicación, es un acto de corrupción”.
“Este problema es una muestra de que el sistema penitenciario presenta falencias en su recurso humano. Es importante construir cárceles, pero es importante contar con recurso humano ideal”, dijo. Hernández cree que la fuga de Támara “es una situación reiterativa que se ha dado porque, a pesar de que ha habido muchas fugas, no ha habido sanciones ejemplares contra las autoridades”.
| Este es el portón principal de la Penitenciaría y por donde salieron, probablemente, los reos que se fugaron.
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“Nosotros no conocemos que hayan hecho público los castigos contra las autoridades penitenciarias responsables. Vemos que en los presidios encuentran armas y drogas, esto solo puede entrar por las puertas”, agregó.
La Asociación para una Sociedad más Justa plantea que el nuevo sistema penitenciario podrá ser más seguro si aplican procesos certificados de selección de personal.
Para neutralizar la corrupción, como la de la cárcel de Támara, en enero anterior, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) despidieron a custodios de El Pozo (Santa Bárbara) por entrar en relación amistosa con los reclusos. En los últimos 8 meses, han trabajado en la evaluación, selección y capacitación de los futuros custodios de El Pozo 2.
