Tegucigalpa, Honduras.
Las autoridades del Ministerio Público (MP) solicitaron este miércoles la pena máxima de 20 y 4 años de cárcel por los delitos de lavado de activos y cohecho respectivamente contra Mario Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Asimismo contra Carlos Montes, exsubsecretario de Trabajo y Javier Pastor, exsubsecretario de Salud.
Este martes se celebró la audiencia de individualización de la pena en el Tribunal, en donde no se presentó Mario Zelaya, solo los exviceministros.
Los exfuncionarios fueron acusados de recibir sobornos para agilizar algunos contratos con empresarios, por lo cual recibieron unos 57 millones de lempiras.
En cambio, la defensa de los condenados pidió la pena mínima para ambos delitos.
Carlos Morazán, portavoz del MP, explicó que la petición de esta institución se basa en el numeral 9 del artículo 27 del Código Penal. “Este se refiere a prevalecerse del carácter público de un culpable para cometer los ilícitos como ocurrió en este caso contra los señores Mario Zelaya, Javier Pastor y Carlos Montes”, indicó. El Tribunal de Sentencia no señaló fecha para la lectura del fallo definitivo y el mismo se notificará a través de la Secretaría de la Sala.
“Quien tiene la última palabra en este caso es el Tribunal de Sentencia”, recordó.
Morazán agregó que el próximo juicio oral y público contra Zelaya está programado para el 15 de mayo; este será por el caso de la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR). En ese sentido, el MP solicitará un nuevo fallo de culpabilidad por causar un perjuicio económico de 269 millones de lempiras. A este juicio también debe asistir José Ramón Bertetty, exgerente financiero del IHSS.
Pena mínima
La defensa de los condenados pidió una pena de un año de reclusión por el delito de cohecho y 15 años por lavado de activos.
Andrés Urtecho, abogado defensor de Mario Zelaya, dijo que el agravante que presentó el MP para pedir la pena máxima no es totalmente válido. “Si no hay agravantes ni atenuantes debe ser la pena mínima”, indicó.
Dagoberto Mejía, abogado de Montes, manifestó luego de la petición de penas, que ya es una conducta del MP solicitar las penas máximas en todos los casos.
Afirmó que trató de acreditar con ciertos documentos que el imputado no tiene algún grado de peligrosidad.
En ese orden, el representante legal de Montes presentó ante los miembros del Tribunal una constancia que su defendido se congregaba en una iglesia. “Esto se usa más en delitos contra la vida, pero también funciona en este caso para certificar la transparencia de una persona. Además que no existe peligrosidad”, reiteró Mejía.
