Tegucigalpa, Honduras.
Rodríguez agregó que esperaban el buen juicio de los diputados para que 'analicen esto y no vayan a tomar una decisión equivocada, pues el pueblo hondureño tiene derecho a ser informado con objetividad'.
'Sabemos que hay medios que abusan de la libertad de expresión, eso lo reconocemos, el problema es que tocan otros medios y un juez o fiscal puede decir que es apología del terrorismo, van a terminar afectando a otros medios, además el derecho a la expresión es una conquista. El diputado cometió una ligereza, pero no queremos que se vaya a perjudicar a los demás. Queremos que prime el buen juicio ante este artículo', comentó.
Las observaciones del Colegio de Periodistas de Honduras hicieron que el Congreso Nacional revocara en la noche del jueves la aplicación de un artículo del Código Penal que sanciona como delito la apología del crimen por parte de medios de comunicación.
El presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, dijo que tras las observaciones del CPH se llegó a un 'pacto de caballeros', para trabajar en una nueva redacción del artículo 335B, luego de que se realicen las elecciones primarias.
La idea es que la reconsideración del artículo no violente los derechos de libertad de expresión que ha hecho el CPH, organismo a quien 'agradezco las observaciones efectuadas por medio de su presidente Dagoberto Rodríguez'.
El gremio periodistico reaccionó en contra de la moción del diputado nacionalista Óscar Álvarez de adicionar un nuevo artículo a las reformas penales que establecía una pena de 4 a 8 años para quienes públicamente o a través de medios de comunicación o difusión hicieren apología del delito de terrorismo.
En la propuesta también se buscaba penar a quienes 'hayan participado en ejecución' de actos, o incitara a otros a cometer o financiar actos de terrorismo'.
'Esto nos provoca mucha preocupación, el hecho de que genera dudas en cuanto a la constitucionalidad. Es un artículo que se introdujo y se aprobó por el Congreso Nacional, la forma de como se hizo, sin haberlo llevado a la Corte Suprema de Justicia, no se pidió al Poder Judicial, no se socializó con el gremios, especialmente con el Colegio de Periodistas y los dueños de medios de comuniciación', explicó Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas, en horas de la mañana.
Oliva se comprometió a designar un comité técnico que hará una nueva redacción al artículo 335-B propuesto por Álvarez a efecto de eliminar cualquier mala interpretación que se pueda considerar como una violación a la libertad de expresión. El comité técnico estará conformado por miembros del CPH y diputados del Congreso Nacional.
En virtud de la urgencia de las reformas anti extorsión y anti terrorismo, estas serán sancionadas por el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, tal como fueron aprobadas por el pleno del Poder Legislativo, pero posteriormente, cuando se reanuden las sesiones en el Hemiciclo, se hará la reforma al inciso B del articulo antes mencionado.
Si el mandatario veta este párrafo, tendría que vetar todas las reformas aprobadas entre el martes y miércoles de esta semana. No existe veto parcial al texto, lo cual generaría un vacío legal que impedirá poner en marcha las medidas anti extorsión que solicitaron los organismos que forman parte de Fusina.
Rodríguez agregó que esperaban el buen juicio de los diputados para que 'analicen esto y no vayan a tomar una decisión equivocada, pues el pueblo hondureño tiene derecho a ser informado con objetividad'.
'Sabemos que hay medios que abusan de la libertad de expresión, eso lo reconocemos, el problema es que tocan otros medios y un juez o fiscal puede decir que es apología del terrorismo, van a terminar afectando a otros medios, además el derecho a la expresión es una conquista. El diputado cometió una ligereza, pero no queremos que se vaya a perjudicar a los demás. Queremos que prime el buen juicio ante este artículo', comentó.
Oliva se comprometió a que una vez publicado ese inciso en el Diario Oficial La Gaceta, y entrar en vigencia, se hará una revisión a la redacción para que quede plasmada en el texto la intención del legislador, que nunca fue limitar la libertad que cuentan los medios de comunicación para informar de manera veraz al pueblo hondureño.
Causa revuelo
La adición al artículo 335 en alguna medida vulnera el derecho de información y de expresión a la que tenemos derecho todos los hondureños, sobre todo a los periodistas.
El periodista Juan Carlos Barahona dijo que lo que está pasando no deja de sorprender a los medios de comunicación. 'Hay que tener mucho cuidado en esto, estamos frente a una insinuación de violación a la libertad de expresión'.
'No se trata de que seamos responsables o no. Se trata de que el artículo tiene causales abiertas o imprecisas que se van a someter a la discresionalidad de un juez, no quiero pensar en el caso de que un juez no le caiga bien un periodista o un medio de comunicación. El estado, la legislación no debe pensar ni en tocar la libertad de expresión', dijo.
El expresidente Manuel Zelaya llegó a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso de amparo contra el artículo 335 y declaró que los periodistas serán los más afectado con esta ley.
