Después de casi siete meses de la muerte del reo Óscar Alberto Borjas Amador, ayer la Fiscalía de Privación de Dominio ejecutó aseguramientos de 60 bienes inmuebles, 28 cuentas bancarias y cuatro sociedades mercantiles a familiares del condenado.
La operación, en la que participaron miembros de la Oficina Policial de Investigación Financiera (Opif), comenzó desde horas de la mañana con los allanamientos en varios departamentos del país. En total fueron 92 bienes.
Según el Ministerio Público, 15 bienes inmuebles fueron asegurados en Tegucigalpa, 14 en Yoro, una lotificadora en Omoa, Cortés, y una casa que estaba alquilada al jugador del Real España Wilfredo Barahona, ubicada en la colonia Santa Martha de San Pedro Sula. El Juzgado de Privación de Dominio ordenó además el aseguramiento de 30 vehículos, cuatro sociedades mercantiles y ocho cuentas bancarias.
La Fiscalía señaló que la operación está dirigida a los bienes a nombre de Óscar Alberto Borjas Amador y su núcleo familiar.
Las investigaciones de la Policía y la Fiscalía señalan que Borjas Amador se dedicaba al robo de vehículos y tráfico de drogas. El 3 de octubre de 2004 junto con otros tres sujetos asaltó a un policía al que le llevaron su placa de identificación y el arma de reglamento. Luego se robaron dos carros en la residencial Honduras y en la Satélite de Tegucigalpa.
En 2006, Óscar Alberto Borjas logró su libertad luego de que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa lo declarara inocente junto con sus tres compinches. La Fiscalía interpuso el recurso de casación y la Sala de lo Penal ordenó que se volviera a realizar el juicio en el que los declararon culpables. Óscar Alberto Borjas Amador fue condenado a más de 15 años de prisión por robo y ocultación de vehículo; pero el 12 de julio de 2016 fue asesinado en el módulo Casa Blanca de la Penitenciaria Nacional, adonde cumplía su condena.
Según los investigadores, Óscar Alberto Borjas comenzó sus actividades delictivas con el robo de carros y después fue creciendo con el tráfico de drogas con narcos del país.
Indican que el dinero lo invirtió en propiedades que estaban a su nombre y a nombre de familiares, que no tienen sustento legal sobre las mismas y que ahora enfrentarán el juicio por privación de dominio. El sujeto utilizó influencias para renovar su licencia teniendo orden de captura .
