Tegucigalpa, Honduras.
Los más de 100 abogados y asesores jurídicos que laboran para la Policía Nacional en todo el país están convocados para el miércoles de esta semana en Tegucigalpa a fin de que rindan un informe pormenorizado de sus funciones y de los casos o expedientes legales que estaban bajo su responsabilidad.
Así lo informó ayer Alberto Solórzano, miembro de la Comisión Especial de Depuración de este cuerpo de seguridad del Estado, luego que LA PRENSA sacara a luz que más de un centenar de profesionales del Derecho contratados por la Secretaría de Seguridad en las diferentes direcciones de la Policía, serán cancelados en razón de múltiples irregularidades detectadas en el desempeño de sus funciones.
“Para este próximo miércoles se está solicitando a todas las personas a nivel nacional que están prestando servicios en temas legales a la Policía que comparezcan aquí en Tegucigalpa para que traigan información de donde están ubicados y que tipo de casos están llevando para que nosotros procedamos a evaluar el trabajo que están haciendo de forma particular”, informó.
Solórzano ratificó la información publicada por diario LA PRENSA en el sentido que muchos de estos profesionales se prestaron para modificar informes, expedientes de ascensos y juicios que oficiales y agentes depurados entablaban contra la institución policial.
Por este motivo, los depuradores emprendieron una revisión exhaustiva de los ascensos y ordenaron dejarlos en suspenso en tanto se aclaraban todas estas irregularidades. “Hay mucho manoseo de expedientes, muchos expedientes que fueron trastocados y cosas de esa naturaleza que tenemos que profundizar para sustentar toda esa prueba y remitirla al Ministerio Público para que se le de seguimiento a todo esto”, apuntó.
El depurador deploró el desorden administrativo que encontraron en la Policía, al punto que en la planilla general aparecen activos muchos servidores policiales que ya habían muerto, otros que tenían incapacidades o que habían salido de la institución.
“Tenemos que ir a lo profundo de esto porque tenemos serias denuncias contra algunos abogados que han estado ahí supuestamente representando a la Policía y haciendo casi un doble papel: por un lado defendiendo a la institución, pero por otro lado defendiendo a otras personas que han estado fuera de la Policía”, remarcó.
Manoseo
Oscar Vásquez, titular de la DIECP, describió que tuvo acceso a dictámenes emitidos por abogados adscritos a las unidades de recursos humanos de la Policía que en su momento desestimaron los resultados de las pruebas de confianza que la DIECP generó y turnó a la Secretaría de Seguridad, particularmente de oficiales en proceso de ascensos.
“Emitían dictámenes en los que daban por sentado que esa persona cuestionada por las pruebas podían ascender y posteriormente ser objeto de investigación, cuando lo correcto era que la DIECP agotara el procedimiento administrativo e iniciara una investigación y de ser necesario postergara ese ascenso hasta que la investigación finalizara”, acotó.
Los más de 100 abogados y asesores jurídicos que laboran para la Policía Nacional en todo el país están convocados para el miércoles de esta semana en Tegucigalpa a fin de que rindan un informe pormenorizado de sus funciones y de los casos o expedientes legales que estaban bajo su responsabilidad.
Así lo informó ayer Alberto Solórzano, miembro de la Comisión Especial de Depuración de este cuerpo de seguridad del Estado, luego que LA PRENSA sacara a luz que más de un centenar de profesionales del Derecho contratados por la Secretaría de Seguridad en las diferentes direcciones de la Policía, serán cancelados en razón de múltiples irregularidades detectadas en el desempeño de sus funciones.
“Para este próximo miércoles se está solicitando a todas las personas a nivel nacional que están prestando servicios en temas legales a la Policía que comparezcan aquí en Tegucigalpa para que traigan información de donde están ubicados y que tipo de casos están llevando para que nosotros procedamos a evaluar el trabajo que están haciendo de forma particular”, informó.
Solórzano ratificó la información publicada por diario LA PRENSA en el sentido que muchos de estos profesionales se prestaron para modificar informes, expedientes de ascensos y juicios que oficiales y agentes depurados entablaban contra la institución policial.
Por este motivo, los depuradores emprendieron una revisión exhaustiva de los ascensos y ordenaron dejarlos en suspenso en tanto se aclaraban todas estas irregularidades. “Hay mucho manoseo de expedientes, muchos expedientes que fueron trastocados y cosas de esa naturaleza que tenemos que profundizar para sustentar toda esa prueba y remitirla al Ministerio Público para que se le de seguimiento a todo esto”, apuntó.
 LA PRENSA publicó en exclusiva el batallón de asesores legales que están contratados en las diferentes direcciones de la Policía Nacional.
|
“Tenemos que ir a lo profundo de esto porque tenemos serias denuncias contra algunos abogados que han estado ahí supuestamente representando a la Policía y haciendo casi un doble papel: por un lado defendiendo a la institución, pero por otro lado defendiendo a otras personas que han estado fuera de la Policía”, remarcó.
Manoseo
Oscar Vásquez, titular de la DIECP, describió que tuvo acceso a dictámenes emitidos por abogados adscritos a las unidades de recursos humanos de la Policía que en su momento desestimaron los resultados de las pruebas de confianza que la DIECP generó y turnó a la Secretaría de Seguridad, particularmente de oficiales en proceso de ascensos.
“Emitían dictámenes en los que daban por sentado que esa persona cuestionada por las pruebas podían ascender y posteriormente ser objeto de investigación, cuando lo correcto era que la DIECP agotara el procedimiento administrativo e iniciara una investigación y de ser necesario postergara ese ascenso hasta que la investigación finalizara”, acotó.
