Tegucigalpa, Honduras.
Las divergencias en cuanto a los techos y otros aspectos de la legislación prevalecen en la discusión de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
Sin embargo, no es condicionante para ser aprobada en su totalidad y por mayoría calificada. Se aprobó en primer debate la totalidad de la ley que limita los gastos de las campañas, pone techo a los donativos, prohíbe donaciones anónimas, regula las contribuciones en especie y establece sanciones fuertes.
Dos partidos políticos consideran que los límites para los gastos en las campañas estipulados en la normativa son muy elevados, los cuales varían por nivel electivo y se calculan mediante una fórmula establecida en el artículo 16.
Para el caso de un candidato presidencial tendría un tope aproximado de L400 millones, mientras que entre dos a cuatro millones de lempiras para un aspirante a diputado, según los congresistas David Reyes, del PAC, y Doris Gutiérrez, del Pinu. Las aportaciones monetarias a organizaciones políticas quedaron fijadas en un máximo de un millón de lempiras de parte de una persona natural y de 4 a 5 millones en cuanto a donaciones provenientes de empresas.
Comisionados
El Partido Anticorrupción (PAC), Pinu y Libre propusieron que en lugar de uno fueran tres comisionados los que integraran la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, órgano que se encargará de auditar, investigar y sancionar a los partidos políticos y aquellos candidatos que infrinjan las normas de financiamiento e incumplan su deber de información.
Estos funcionarios que serán elegidos en el Congreso tendrán que cumplir con los mismos requisitos, prohibiciones y sueldos exigidos para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes para fungir en el cargo deberán de no haber sido candidatos a elección popular ni cargo de autoridad partidaria en los seis años previos a su designación.
“Una vez que se nombran los tres comisionados, estos designan un director legal y otro contable; eligen auditores, peritos mercantiles que van a andar en todo el país haciendo las verificaciones del caso”, detalló Antonio Rivera Callejas.
Las divergencias en cuanto a los techos y otros aspectos de la legislación prevalecen en la discusión de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
Sin embargo, no es condicionante para ser aprobada en su totalidad y por mayoría calificada. Se aprobó en primer debate la totalidad de la ley que limita los gastos de las campañas, pone techo a los donativos, prohíbe donaciones anónimas, regula las contribuciones en especie y establece sanciones fuertes.
Dos partidos políticos consideran que los límites para los gastos en las campañas estipulados en la normativa son muy elevados, los cuales varían por nivel electivo y se calculan mediante una fórmula establecida en el artículo 16.
Para el caso de un candidato presidencial tendría un tope aproximado de L400 millones, mientras que entre dos a cuatro millones de lempiras para un aspirante a diputado, según los congresistas David Reyes, del PAC, y Doris Gutiérrez, del Pinu. Las aportaciones monetarias a organizaciones políticas quedaron fijadas en un máximo de un millón de lempiras de parte de una persona natural y de 4 a 5 millones en cuanto a donaciones provenientes de empresas.
Comisionados
El Partido Anticorrupción (PAC), Pinu y Libre propusieron que en lugar de uno fueran tres comisionados los que integraran la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, órgano que se encargará de auditar, investigar y sancionar a los partidos políticos y aquellos candidatos que infrinjan las normas de financiamiento e incumplan su deber de información.
Estos funcionarios que serán elegidos en el Congreso tendrán que cumplir con los mismos requisitos, prohibiciones y sueldos exigidos para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes para fungir en el cargo deberán de no haber sido candidatos a elección popular ni cargo de autoridad partidaria en los seis años previos a su designación.
“Una vez que se nombran los tres comisionados, estos designan un director legal y otro contable; eligen auditores, peritos mercantiles que van a andar en todo el país haciendo las verificaciones del caso”, detalló Antonio Rivera Callejas.
