El Progreso. Los jueces y empleados del Poder Judicial en esta ciudad realizaron un plantón ayer para exigir a las autoridades que les brinden seguridad, tanto en las instalaciones del palacio de justicia, como de manera personal.
Durante la actividad también se realizó un homenaje póstumo a la jueza Mireya Mendoza, quien fue asesinada el pasado 24 de julio en esta ciudad.
César Velásquez, coordinador del Juzgado de Letras, dijo que urgen que se les mejore las condiciones de seguridad en su trabajo, pues las instalaciones no tienen ni siquiera un muro que impida a los delincuentes ingresar armados o merodear en el estacionamiento del mismo.
“Esto permite que cualquier persona pueda montar vigilancia para conocer qué tipo de vehículo utiliza cada juez y las veces que sale de los juzgados para hacer sus diligencias”.
Los empleados también exigen la instalación de cámaras de seguridad en la parte externa del edificio, porque solo hay en el interior, y la capacitación adecuada del personal de seguridad.
Durante el plantón emitieron un pronunciamiento en el cual condenaron enérgicamente los hechos sucedidos el día 24 de julio en contra de la abogada Mireya Mendoza, quien laboraba como coordinadora del Tribunal de Sentencia de esta ciudad. “Nos encontramos de luto, no solo por la muerte de nuestra compañera, sino por el atentado que este hecho produce a la institucionalidad, ya que son los jueces quienes garantizan la debida aplicación de la ley, lo cual es vital en un estado de derecho”, refiere el pronunciamiento.
El documento también hace referencia que ante la vulnerabilidad de los jueces y demás funcionarios de este poder del Estado, exigen que el asesinato de Mendoza no “sea una estadística más, que las autoridades investiguen a profundidad hasta dar con los responsables, que se castigue no solo a los autores materiales, sino a los autores intelectuales”.
Mildred López, jueza de ejecución, expresó que pese a los hechos acontecidos en contra de la jueza Mendoza, las autoridades del Poder Judicial no han emprendido acciones para mejorar la seguridad en los juzgados progreseños. “No podemos ocultar la verdad, no tenemos la seguridad necesaria”.
La ONU pide informe
La Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de una relatoría, solicitó un informe por crímenes y amenazas a jueces en Honduras, informó Teodoro Bonilla, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah).
La situación de inseguridad en que se encuentran los juzgadores fue planteada por Bonilla ante la Federación Latinoamericana de Magistrados, que a su vez retransmitió la problemática ante la ONU.
Atendiendo una petición, la asociación de jueces envió a la relatoría de la ONU un informe en el cual solicitan que el Estado les dé protección.
Por otra parte, Fredín Fúnez, presidente de la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho, fustigó ayer las políticas del gobierno Lobo Sosa.
Aseguró que la criminalidad que mantiene en zozobra a la población de Honduras es un signo de alarma que demuestra el fracaso del actual Gobierno en materia de seguridad.
“Este Gobierno ha fracasado en esta propuesta de bajar el índice de criminalidad y, por lo tanto, yo creo que don Porfirio Lobo Sosa va a tener que cambiarse el nombre”, expresó.
